Piden que un comisario de Lomas de Zamora vaya a juicio por manejar una red de trata

La Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora pidió que la causa sea elevada a juicio. Lo acusan de manejar una red de trata con fines de explotación sexual en la Ruta 4.

La investigación y las detenciones tuvieron lugar en 2017, pero hasta el año pasado este comisario estuvo prófugo. La acusación es de liderar una red de trata con fines de explotación sexual, que operaba en Ruta 4 (Camino de Cintura), Llavallol. La Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora solicitaron la elevación a juicio de la causa que involucra al comisario Héctor Mario Coquean.

La Fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, solicitaron la semana pasada la elevación a juicio. Considera que Coquean es responsable de “haber puesto en funcionamiento un sistema prostibulario en la Ruta Provincial N°4, Camino de Cintura, con el objetivo de explotar sexualmente a mujeres cis, transexuales y travestis”.

El imputado estuvo prófugo desde mayo de 2017, hasta que se presentó ante la justicia en septiembre del año pasado. “Deberá responder en el debate oral como coautor del delito de trata de personas, en sus modalidades de recepción y acogimiento con fines de explotación, múltiplemente agravado: por la situación de vulnerabilidad y cantidad de víctimas -más de tres-, la participación de más de tres personas, por ser cometido por un funcionario policial y por haberse consumado la explotación”, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Los hechos imputados a Coquean habrían ocurrido al menos desde febrero de 2015 -momento en que se inicia la investigación- hasta marzo de 2016, fecha en que cesó en sus funciones a cargo de la comisaría 4° de Lomas de Zamora. “Sin embargo, existen elementos para inferir que el sistema implementado funcionó con los comisarios que lo sucedieron hasta mayo de 2017”, detallan.

El hecho

De acuerdo a la investigación, Coquean, con la ayuda de otros agentes de esa misma dependencia, habría dispuesto de la ubicación de mujeres cis y transexuales que ejercían la prostitución a lo largo de la ruta provincial 4 -Camino de Cintura-; es decir, en la zona de influencia de la comisaría a su cargo.

“Se estima que ordenaba, controlaba y se beneficiaba económicamente de la actividad que tenía como fin la explotación de, al menos, 19 mujeres en extrema situación de vulnerabilidad, aprovechándose de la impunidad que tanto él como los otros imputados creían que derivaba de sus cargos”, señala el sitio, al tiempo que explica que “las víctimas debían abonarles un canon diario, independientemente de si asistían o no al lugar, que iba desde 250 a 400 pesos”.

Para el Ministerio Público Fiscal, esa actividad continuó con las mismas características a lo largo de las tres gestiones de la comisaría investigada y contó con la colaboración necesaria, entre otros, de los respectivos jefes de gabinete de prevención, también llamados “jefes de calle”.

Para los fiscales, a lo largo de la investigación quedó demostrado que tanto Coquean, al igual que otros 16 policías, se beneficiaron económicamente de la explotación sexual de las víctimas haciendo cada uno un “aporte esencial” para el desarrollo del delito de trata de personas. “En lo que respecta a la autoría de Coquean en los hechos descriptos, la prueba recolectada resulta contundente. A nuestro criterio él organizó la actividad de regenteo y explotación de las mujeres valiéndose de su condición de jefe de la comisaría zonal y delegando la tarea de mayor exposición en el personal a su cargo”, aseguraron los fiscales en su dictamen.

Por esta misma causa, hay otros dos comisarios, dos “jefes de calle” y personal subalterno procesados con prisión preventiva y elevados a juicio en 2018, en orden al mismo delito que se le atribuye a Coquean. A todos ellos, además, se les trabó un embargo hasta alcanzar dos millones de pesos.

Por otro lado, otro de ellos fue procesado por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil y armas de guerra sin la debida autorización. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta medida ya que lo consideran coautor del mismo delito que los otros imputados y su resolución está pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

También están detenidas, procesadas y elevadas a juicio otras seis personas que no eran funcionarios policiales, acusadas del mismo delito en la modalidad de captación y traslado.

Las víctimas

Tienen entre 18 y 50 años. Cinco son peruanas, seis de nacionalidad paraguaya y el resto argentinas. Once se identificaron como mujeres cisgénero y el resto como mujeres trans. Algunas de ellas refirieron que habían comenzado a ser explotadas sexualmente antes de alcanzar la mayoría de edad. Todas expresaron tener miedo a posibles represalias.

En la investigación se verificó, en todos los casos, un abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, derivada de su necesidad económica apremiante.

Además, pusieron en contexto las particulares situaciones que sufre la población trans por los procesos de estigmatización y criminalización e hicieron hincapié en sus historias de vida, usualmente signadas por diferentes y sistemáticas situaciones de violencia iniciadas en sus núcleos familiares, que suelen ser expulsivos. Por eso es que la situación es ocultada a sus familiares y redes socio-afectivas cercanas, lo que las ubica en una situación de mayor fragilidad en caso de necesitar ayuda.

En esa línea, las profesionales reseñaron que las víctimas dieron cuenta de las dificultades para ingresar al mercado laboral formal. Algunas explicaron que fueron discriminadas en el período que iniciaron su transición y que, a pesar de buscar diferentes trabajos, no pudieron acceder a ninguno. Además, destacaron que la mayoría no pudo finalizar su educación básica formal, en tanto que quienes tienen hijos son las únicas personas responsables de su manutención y crianza.

La forma en que las víctimas culminaron en esta situación de explotación es variada. Algunas fueron reclutadas específicamente para ser explotadas en la prostitución callejera; otras ya estaban en locales privados, y luego de su cierre en función de intervenciones judiciales, fueron trasladadas a Camino de Cintura para que continuaran la actividad en la vía pública.

La oferta sexual tenía lugar durante prácticamente las 24 horas del día, con la mayor cantidad de personas en la tarde-noche. Incluso con menores de edad, usualmente entre las 19 y las 2 de la madrugada. Esta situación, según consta en el dictamen de los fiscales, no resultaba desconocida tampoco para las agencias judiciales de esa circunscripción en la que se tramitaron causas vinculadas a los episodios vinculados.

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