El presidente de Perú Pedro Castillo dispuso esta tarde el fin de la “inmovilización social obligatoria”, el toque de queda, que hizo que los ciudadanos de Lima, la capital ese país, tuvieran que permanecer en sus casas este martes en la capital tras esa sorpresiva orden del mandatario para supuestamente frenar la violencia por las protestas contra el alza del precio del combustible y alimentos que desde el oficialismo adjudicaban, basados en informes de inteligencia, a maniobras destituyentes.
Es la primera vez en la historia reciente de Perú que un gobierno busca contener protestas prohibiendo salir de casa en Lima, tras el fin de la década de mano dura del entonces mandatario Alberto Fujimori y esta restricción ocurrió en una fecha recordada porque fue el 5 de abril de 1992 que Fujimori clausuró el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía y sacó a los militares junto a sus tanques a las calles en medio de una crisis económica y social.
El toque de queda permite el funcionamiento de servicios esenciales, incluidos los mercados de alimentos, farmacias, hospitales y recolección de basura. No obstante, en varios hospitales se presentaron problemas para la atención de pacientes con citas programadas con anticipación porque los médicos tardaban en llegar. Según el decreto, es posible movilizarse bajo algunas excepciones. “Se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal” de las personas que requieren de atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en riesgo, así como para la adquisición de medicamentos y otros.
Las paradas de transporte público de las zonas alejadas del gran Lima mostraban escenas similares, de acuerdo con los canales de televisión locales, mientras los grandes mercados mayoristas adonde llega el pescado, la carne de ave, las verduras y las frutas lucían casi vacíos en medio de la crisis económica que golpea el bolsillo de millones de peruanos.
La última semana de protestas de camioneros y transportistas por el alza del precio de combustibles y alimentos dejó cuatro muertos y varios heridos. Como respuesta el gobierno suspendió el domingo un impuesto para algunos tipos de combustibles que elevaban hasta 30% el precio final aunque varios manifestantes dijeron que el lunes el combustible seguía elevado en las estaciones de servicio.
Varias avenidas principales cercanas al centro histórico de la capital lucían vacías, casi sin autos y sin gente. Los militares con sus fusiles salieron en apoyo de la policía y se apostaron en puntos estratégicos de los distritos más populosos de la periferia, pero también cerca del aeropuerto, algunas gasolineras y centros comerciales. Los agentes detuvieron a varios pasajeros de un bus que iban a una manifestación en el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima.
El ministro de Defensa, José Gavidia, sostuvo que el toque de queda decretado por el presidente estuvo motivado por información de inteligencia que indicaba que “los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas. No es un capricho”.
Críticas y apoyos dispares
El legislador opositor derechista, Jorge Montoya, un militar jubilado de mano dura, apoyó la medida y dijo que la información que había llegado a sus oídos “es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”.
Varios criticaron el sentido clasista de la frase y el crítico literario Marcel Velázquez dijo que el comentario de Montoya ”no es un exabrupto, es el miedo tradicional de las elites limeñas a los indios” y recordó que ese temor ya existía varios siglos atrás.
En tanto, habitantes de zonas acomodadas de Lima golpearon sus cacerolas y se grabaron en las redes sociales, mientras más de un centenar caminó con banderas de Perú por las calles de San Isidro -el barrio más rico de Perú- y de San Borja, un distrito aledaño.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó una demanda de hábeas corpus para dejar sin efecto el toque de queda de inmediato, mientras la presidenta del Congreso, María Alva, calificó la medida de “inaceptable” y una junta de portavoces pidió derogar el decreto. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió adelantar las elecciones presidenciales.
El presidente llegó a al parlamento para reunirse con los principales líderes del Congreso y conversar sobre la crisis. Castillo indicó que venía a visitar a la presidenta del Congreso para comentarle qué tareas llevaban adelante en el marco de las protestas.
La medida fue criticada por varios frentes, incluida en la editorial de El Comercio, unos de los principales diarios de Perú que indicó que Castillo “está tratando de tapar el sol con su autoritarismo ante la patente incapacidad de su gestión por ponerle fin a las movilizaciones ciudadanas”.
Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, dijo en su cuenta de Twitter que “la ‘inmovilización social’ establecida en respuesta al paro de transportistas es una restricción generalizada y desproporcionada a los derechos de reunión y movimiento” y añadió que la decisión del presidente Castillo “contradice las obligaciones internacionales de Perú”.
Castillo es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción. En ocho meses de gestión modificó cuatro veces su gabinete y su impopularidad subió a 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República.
Quien podría destituirlo, el Parlamento, lo supera en descrédito y su desaprobación llega al 79%
