Se registraron 167 femicidios en los primeros seis meses del año en Argentina, indica un informe del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro. “Detrás de cada víctima queda una familia devastada e hijos e hijas sin su madre”, reflexiona la organización.
“Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2023, hubo 151 femicidios, 2 trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones”, detalla el informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” difundido esta mañana.
De acuerdo al informe, 30 víctimas habían realizado denuncia y 12 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención. Nueve agresores formaban (o formaron) parte de una fuerza de seguridad, se cree que una de las mujeres asesinada formaba parte de una red de trata o prostitución, cuatro víctimas estaban embarazas (una de ellas es Tamara Cortez, asesinada en Lanús).
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Por otro lado, 11 víctimas tenían indicio de abuso sexual, dos eran mujer trans y nueve víctimas eran migrantes.
El relevamiento detalla que 15 femicidios ocurrieron en contexto de narcocriminalidad, 14 hechos son vinculados de varones adultos y niños, mientras que 25 femicidas se suicidaron tras asesinar a la víctima.
La organización aclara que “no son hechos aislados, son crímenes que se pueden prevenir si se activan las políticas de protección hacia quienes están en situación de violencia”. “No son números, detrás de cada víctima queda una familia devastada e hijos e hijas sin su madre”, apunta.
En ese marco, renueva el reclamo a la Justicia y al Estado. “Hasta que logremos el cambio sociocultural para erradicar la violencia de género nos preguntamos: ¿Quién las protege? ¿El Ministerio de las Mujeres, el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad? No tenemos respuesta”, señala La Casa del Encuentro.
“Transitar un año de decisiones electorales nos compromete a buscar en cada propuesta política la perspectiva de género y las medidas que tiendan, tanto a disminuir como a proteger a personas víctimas de violencia sexista y a trabajar en la prevención de la misma”, advierte la organización, que aclara que “no se puede prevenir de lo que no se habla”.
En ese marco, reclama “un Estado que implemente y ejecute políticas públicas federales” porque “el abordaje de esta problemática es un tema de Derechos Humanos no de Inseguridad”.
