Tras casi un mes de tratamiento en comisiones, el oficialismo consiguió el jueves pasado las firmas de los dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal que le permitirán sesionar en el recinto del Senado de la Nación.
Para lograrlo, el Gobierno nacional debió ceder en más de 40 modificaciones que fueron motorizadas por los bloques dialoguistas nacionales y bloques pertenecientes a partidos provinciales.
Respecto a Ganancias, el oficialismo incrementó en 22 por ciento en mínimo no imponible para los habitantes sureños.
En torno al blanqueo de capitales, hubo dos cambios sustanciales que se sumaron al texto: la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen y de aquellos funcionarios públicos que ejercieron un cargo en los últimos 10 años.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los ejes de discusión que atravesó cada sesión informativa que se desarrolló durante mayo. En ese punto, el Gobierno limó la redacción del artículo 163, que vulneraba algunos aspectos de las autonomías provinciales.
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También, agregó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Equipararon también a las industrias nacionales para ingresar a los beneficios fiscales y cambiarios.
También hubo una concesión en cuando a regalías mineras: suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento.
Respecto a las facultades delegadas, el Ejecutivo concedió modificaciones en la amplia redacción del artículo 3 e incluyó a 15 organismo e instituciones públicas que el Gobierno no podrá intervenir para su eventual disolución.
Entre ellas, se encuentran algunas que pidieron los radicales como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Y se añadió un párrafo para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
