El Gobierno otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.
Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, que aclara que esta delegación de facultades es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”.
La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas y fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales “en ningún caso podrá exceder de 30 años contados desde su aprobación”.
Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.
