La Libertad Avanza (LLA) de la provincia se Buenos Aires solicitará el juicio político a la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, por considerar que su decisión atenta contra una ley sancionada por el Congreso.
Asimismo, indicaron que esa medida “profundiza la situación de impunidad” que padecen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, pese a las declaraciones del ministro Javier Alonso, quien había aclarado que “ningún menor que cometa un delito grave va a quedar libre”.
Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, encabezará junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para decidir el mecanismo que permita la destitución de la magistrada.
Pareja aseguró que una jueza “que actúa como un peón” del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, “no cumple con las características básicas” que debe reunir un magistrado, debido a que “no puede anteponer una mirada política”, respecto a una ley “demandada por la gente” y votada en el Congreso.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, explicó Pareja.
Este último comentario choca contra el accionar propio de los libertarios que siguen sin aplicar de forma total la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada en dos oportunidades por Javier Milei y aún así fue ratificada en el Congreso y avalada por la Justicia. De hecho, ayer hubo un nuevo paro en el sector.
