La compra de 50 camionetas realizada por el Municipio de Lanús para reforzar las tareas de seguridad es materia de polémica. A los cuestionamientos opositores por el valor de adquisición de los vehículos se sumaron ahora denuncias acerca del uso que se les estaría dando en las calles del distrito.
El concejal de La Libertad Avanza Ignacio Moroni sostuvo que unidades Jeep Renegade y Volkswagen Amarok, originalmente anunciadas para tareas vinculadas con la seguridad y el patrullaje, son utilizadas también por agentes municipales para detectar vehículos mal estacionados y labrar infracciones de tránsito.
“Nos habían dicho que las camionetas iban a estar afectadas a las tareas de patrullaje, pero sabemos que están vinculadas a fines estrictamente recaudatorios, como hacen con las fotomultas”, afirmó Moroni.
Según el edil, agentes municipales recorren distintos puntos del partido a bordo de esos vehículos, identifican automóviles estacionados en infracción y posteriormente confeccionan las multas correspondientes.
Moroni aseguró que su espacio recibió alrededor de 15 reclamos de vecinos y comerciantes y mencionó entre los lugares señalados al Puente Olímpico, la intersección de Brasil e Hipólito Yrigoyen y sectores de la avenida Rivadavia.
La flota había sido adquirida por aproximadamente 2.100 millones de pesos más IVA, una operación que ya había provocado críticas de sectores opositores, que denunciaron un supuesto sobreprecio en la compra.
Críticas a la estructura política del Municipio
Por otra parte, el exdirigente larretista extendió sus cuestionamientos a la conformación de la planta política de la administración encabezada por Julián Álvarez y afirmó que el Municipio destinaría anualmente unos 6.439 millones de pesos a los salarios básicos correspondientes a 438 cargos políticos.
Además, sostuvo que dentro de la estructura municipal existen áreas con funciones superpuestas y mencionó como ejemplo la Dirección General de Observatorio de Seguridad Ciudadana, cuyo funcionamiento también puso en duda: “Hay cuatro cargos que se superponen y todos tienen la misma función”, afirmó.
A partir de ese diagnóstico, propuso una reducción de la cantidad de cargos políticos municipales que, según Moroni, podría ubicarse inicialmente por encima del 42 por ciento y alcanzar cerca del 57 por ciento.
El concejal aclaró que la iniciativa no contempla a los trabajadores municipales de planta, sino exclusivamente a funcionarios y cargos políticos: “No incluimos a los empleados municipales, que tienen sus salarios por el piso, sino a los que tienen cargos políticos”.
