Vecinos de Temperley fueron recibidos este jueves por representantes del Ejecutivo lomense y concejales oficialistas y opositores en el marco de una reunión de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo en la que reclamaron mayor seguridad en las inmediaciones del Frigorífico La Victoria, que se incendió el septiembre pasado. También piden una baja en las tasas por las pérdidas ocasionadas por la menor actividad comercial.
Advirtieron que la zona sufre una mayor inseguridad, problemas con el tránsito y una clara baja en las ventas de los comerciantes y a más de cinco meses del hecho, todavía no recibieron un informe de la situación por parte del Municipio.
En este contexto, realizaron un petitorio en donde solicitan una mayor presencia policial en el barrio y la modificación del recorrido de la línea 266, además de una baja en las tasas de toda vivienda o comercio cercano a la zona afectada.
“Además, el reintegro del 30% de toda tasa y contribución municipal pagadas en el año 2019. Considerando que el corte de la avenida Armesti (entre Muiño y Groussac) afectó el movimiento permanente que había en la zona comercial, los comercios disminuyeron sus ventas, se perdió clientela y la escenografía de la zona comercial
actualmente es casi desierta”, explica el documento que le presentaron a Alfredo Velázquez, encargado de la Subsecretaría de Habitación e Inspección.
En la reunión los vecinos también expresaron preocupación sobre el peligro de derrumbe del edificio a lo que los funcionarios se comprometieron en impulsar un amparo judicial dado que el predio es propiedad privada. En caso de una respuesta favorable, buscarán avanzar con los informes correspondientes.
Balance
Andrés, uno de los vecinos que participó de la reunión, lamentó que “lo del frigorífico no fue un hecho aislado, sino que es consecuencia del total olvido del barrio por parte del Municipio, donde faltan muchas políticas públicas”. No obstante, manifestó en diálogo con Info Región que mantienen “la esperanza de que esta vez se resuelva”.
En tanto, desde Juntos por el Cambio, la concejal Graciela Andrada aseguró también en conversación con este medio: “Vamos a esperar a que el Ejecutivo nos dé una pronta respuesta del informe a través de los dos proyectos que presentamos, saber qué es lo que dice Bomberos y Defensa Civil sobre el riesgo de derrumbe. Acordamos esperar a que se cumpla lo prometido”.
Anticipó que “si no se recibe una respuesta pasada la segunda sesión de marzo, se va a exigir nuevamente que se judicialice la causa, para las necesidades urgentes de los vecinos”.
