Comenzó el tratamiento de la ley de emergencia COVID

Las comisiones y que el tema llegue al recinto la semana próxima para que Diputados lo haga en ley antes del 22 de mayo.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para establecer parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos que definan las acciones de mitigación del coronavirus comenzó a ser debatido hoy en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo del oficialismo de aprobarlo para su tratamiento en el recinto la próxima semana.

Al plenario de comisiones, realizado en forma remota, asisten la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra quienes defenderán el proyecto ante los legisladores y luego se someterán a preguntas de acuerdo a lo acordado entre los presidentes de las comisiones de Salud, el radical jujeño, Mario Fiad; y de Asuntos Constitucionales, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun quien representa a la provincia de Santa Fe.

Quienes impulsan el proyecto, buscan que hoy mismo haya dictamen de las comisiones y que el tema llegue al recinto la semana próxima para que Diputados lo haga en ley antes del 22 de mayo, fecha de caducidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández y que faculta a los gobernadores a adoptar restricciones, según el riesgo epidemiológico de los distritos.

“El objetivo de este proyecto de ley es que no se sature el sistema de salud, tal como lo tuvo el presidente Alberto Fernández cuando dictó el DNU”, explicó Sacnun y agregó que “especular políticamente con la pandemia, mientras la única preocupación del gobierno nacional es vacunar más argentinos y argentinas en un menor plazo, es una actitud mezquina de algunos sectores opositores”.

Por su parte, desde la oposición adelantaron que no acompañarán la iniciativa y evalúan la posibilidad de judicializar la norma en caso de ser aprobada. Para eso cuentan con el antecedente de la Corte Suprema fallando a favor de la autonomía de la Ciudad, y dejando a Horacio Rodríguez Larreta en condiciones de establecer la presencialidad en las aulas. “El proyecto es abiertamente inconstitucional” por “insistir” con “el cierre de las escuelas” en los conglomerados urbanos que tengan más de 300.000 habitantes, sostuvo la diputada de la UCR de Córdoba, Brenda Austin.

Mientras se descuenta la aprobación de la norma en la cámara alta, aún no se conoce con precisón cuál será la hoja de ruta de la iniciativa en Diputados aunque fuentes legislativas señalaron que es probable que transite por las mismas comisiones que en el Senado, y que en este caso están ambas en manos del oficialismo.

Sin embargo, las matemáticas de Diputados son más hostiles para el oficialismo que deberá negociar y sumar aliados para alcanzar los 129 votos necesarios, entre los que se encuentran el heterogéneo Interbloque Federal, encabezado por Eduardo Bucca y que alberga en su seno a los cuatro diputados del peronismo cordobés, y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por el mendocino José Luis Ramón más afín a tender puentes con el Ejecutivo,

El proyecto

El texto en tratamiento prevé dispone un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus y tiene como fin “proteger la salud pública” y “establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país”.

La iniciativa reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y pone de relieve las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque estipula que cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.

En ese sentido, propone “reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico”.

Al respecto, precisa que en las zonas de bajo riesgo “se aplican las conductas generales de prevención” y luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan -entre otros puntos- la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.

En lugares designados como “riesgo medio”, aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.

Así, en aquellos distritos que estén en “alto riesgo, se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación”.

“También se plantea medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta”.

Además, define el estado de “alarma” al que caracteriza por la cercanía de una saturación del sistema sanitario.