Cartas públicas, advertencias sobre funcionarios que no funcionan, acusaciones de sometimiento al Fondo Monetario Internacional, defensa abierta del déficit fiscal, reclamos para incrementar el gasto, trabas a la segmentación tarifaria, y todo eso en un clima de creciente tensión política y de fuertes críticas hacia adentro de la propia coalición de gobierno. Ese fue el escenario político y económico en la Argentina desde, al menos, la derrota electoral de 2021.
La durísima presión de la Vicepresidenta y su espacio contra un Presidente cada vez más arrinconado no fue gratis. La andanada provocó angustia social, incertidumbre, dólar en suba, y fuertes remarcaciones de precios.
Todo eso ¿para qué?
La política y el mercado supuso que el objetivo de Cristina Fernández de Kirchner era forzar al Gobierno a pegar un volantazo en su política económica hacia un modelo aún más heterodoxo, con crecimiento de la emisión monetaria, desequilibrio fiscal, sostenimiento de los subsidios, salario básico universal, baja de tasas y ruptura con el Fondo, en la búsqueda de una reactivación económica sustentada por un fuerte incentivo a la demanda.
Pero no. Tanta crisis política, tanta angustia social, tanta incertidumbre para que, finalmente, la flamante ministra de Economía termine anunciando un conjunto de medidas que la ubican en una sorpresiva ortodoxia económica, hasta hace horas políticamente prohibida para el renunciante Martín Guzmán.
Fuera de los cálcuos, esta mañana Silvina Batakis proclamó que cree en el equilibrio fiscal, que el acuerdo con el FMI se va a mantener tal como está planteado, que se ajustará el gasto público hasta fin de año, que se congelarán las vacantes en la administración pública, que las tasas de interés serán positivas y que las tarifas de los servicios públicos van a aumentar considerablemente a través de la segmentación propuesta por su antecesor. Un conjunto de medidas ansiadas por los mercados y orientadas a ellos, e impensadas ante la ofensiva interna de los últimos meses.
No es que las medidas no sean razonables para una economía que tiembla entre el riesgo hiperinflacionario y la escasez de reservas internacionales. De hecho, uno puede suponer que Alberto Fernández hubiera estado encantado de poder anunciar un paquete así muchos meses atrás, y que contara con el respaldo político de sus socios. Lo verdaderamente inexplicable es que para llegar a ellas el oficialismo haya atravesado una batalla interna colosal en la que la Vicepresidenta se cansó de vapulear públicamente al Presidente, provocando la inestabilidad política y económica que aún sacude a los mercados (y al supermercado).
Cuánto tiempo, cuánto desgaste político y cuánta intranquilidad social se podría haber ahorrado el país si estas medidas, que cuentan con alto respaldo dentro y fuera del Gobierno, se hubiese tomado meses atrás, luego de discutir y acordar, a puertas cerradas, el rumbo a seguir. Es más, cuánto más creíbles serían los anuncios para los que evalúan las decisiones minuto a minuto, si se hubieran dado en otro contexto político y antes de tanta debacle económica.
¿Era necesario tanto ruido para esto? O es que el objetivo no era debatir la economía sino fundamentalmente condicionar la política para los tiempos que están por venir.
