El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió esta noche una lista de reclamos y pedidos que representantes de la CGT le llevaron y que están referidos a las deudas con obras sociales, el pago de una suma fija a los trabajadores para paliar la inflación, y el impacto del impuesto a las Ganancias.
En el marco del feroz ajuste del gasto público que recorta prestaciones en salud, discapacidad y educación, el líder del Frente Renovador que prometió “barrer a los ñoquis de La Cámpora, tomó nota, prometió estudiar los reclamos y que, en algún momento, dará una respuesta.
La delegación de la CGT estuvo encabezada por el heredero del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, a quien escoltaron Omar Pérez, de la Federación de Trabajadores Camioneros, Mario Manrique de SMATA, Cristian Jerónimo, del Vidrio, Omar Plaini de Canillitas y Pablo Flores de AFIP.
Según trascendió, Moyano puso énfasis en que el Gobierno dicte por decreto el pago de una suma fija para todos los trabajadores, medida que no es bien vista en Hacienda pues complicaría las conversaciones con empresarios para controlar la inflación es importaciones, entre otros temas.
Otro punto que estuvo en la mesa de discusión es el dinero que el Estado nacional le adeuda a las obras sociales sindicales.
Al respecto, Massa prevé girarle a las obras sociales sindicales unos $ 21 mil millones en los próximos cuatro meses que están retenidos en la Superintendencia de Salud desde la conducción de Martín Guzmán.
A esto se suma la discusión por el financiamiento de las enfermedades de alta complejidad y la atención de discapacidades que los sindicatos quieren sacarse de encima para que sean absorvidas por el Estado y no tener que cargar con prestaciones gravosas que afecten su flujo de efectivo y negocios.
El sindicalismo alega que estas obligaciones le costarán $ 50 mil millones a fin de 2022 que podrían invertir en nuevas unidades de negocio .
La propuesta de Massa es que el presupuesto 2023 contenga una partida especial para el financiamiento de esos gastos pero diferentes sectores sociales se oponen a que esas prestaciones dependan de las arcas estatales.
