La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a Julio De Vido al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por su rol en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisibles” los recursos presentados tanto por la defensa del ex ministro como por el Ministerio Público Fiscal, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejando firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
La condena había sido dictada en 2018 por el Tribunal Oral Federal N° 4, que consideró probado que De Vido no cumplió con su deber de controlar el destino de los fondos públicos asignados a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, se lo responsabilizó por la falta de control en el manejo de los recursos.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, y en 2024 la Corte Suprema ratificó la responsabilidad penal de De Vido, aunque ordenó revisar la pena, finalmente fijada en cuatro años. Con el rechazo de los últimos planteos de la defensa, el máximo tribunal dejó firme la condena, cerrando definitivamente la causa.
