Una masiva movilización por la discapacidad se llevó a cabo este miércoles frente al Ministerio de Salud, donde familiares, asociaciones y trabajadores del sector rechazaron el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa propone cambios en el financiamiento de las prestaciones, el sistema de pensiones y condiciones laborales, lo que generó un fuerte rechazo en distintos actores vinculados al área.
El proyecto, denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, ya fue enviado al Senado y apunta a modificar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793. La nueva normativa llega en un contexto en el que la Justicia había ordenado al Ejecutivo restituir pensiones suspendidas y cumplir con la legislación vigente, lo que suma tensión al debate político y social en torno a la discapacidad.
Entre los puntos centrales, la iniciativa establece un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones por discapacidad. Deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de no cumplir con los requisitos en los plazos establecidos, se prevé la suspensión automática del beneficio, incluso con posibilidad de baja definitiva.
Además, el proyecto fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, elimina adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable y establece la incompatibilidad total con el empleo formal. También propone cambios en la actualización de aranceles y habilita acuerdos entre Nación y provincias para la administración de fondos, lo que, según advierten los sectores en protesta, implicaría una desregulación del sistema y una pérdida de derechos adquiridos.
