La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Lomas de Zamora expresó este miércoles su respaldo a la jueza Marta Elba Pascual, luego de que La Libertad Avanza (LLA) anunciara que impulsará su juicio político por suspender durante 60 días en la provincia de Buenos Aires la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que promulgó el Gobierno nacional.
La conducción departamental de la AJB manifestó su “absoluta solidaridad y apoyo” a la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora y cuestionó los ataques que recibió la magistrada tras dictar la medida cautelar.
“Entendemos que la Dra. es una referente de la Justicia y de la formación en Derecho y que, en este caso, se encuentra cumpliendo su función en la prevención de violación de derechos de adolescentes en situación de encierro”, sostuvo el sindicato de judiciales bonaerenses en el comunicado.
La misiva señaló que los argumentos del fallo coinciden con las advertencias de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social Argentina sobre las dificultades para aplicar el nuevo régimen. Según recordaron los representantes sindicales, este organismo advirtió que actualmente no existen condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias suficientes para garantizar salud mental, educación, capacitación laboral y procesos adecuados de reinserción para los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Bajo esa premisa, el gremio remarcó que Pascual actuó con “objetividad, compromiso y respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos” frente a los cuestionamientos libertarios por una normativa que cuenta con aval del Congreso, además de poner en valor su trayectoria dentro de la Justicia y su experiencia en la formación en Derecho.
Vale precisar que el pronunciamiento de los judiciales llegó después de que dirigentes de LLA anunciaran que sus diputados y senadores bonaerenses preparan una presentación para impulsar el enjuiciamiento de la magistrada en la Legislatura bonaerense, algo que también fue acompañado por el bloque PRO. El titular libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, acusó a Pascual de intentar bloquear la aplicación del nuevo régimen y anticipó que el espacio pedirá su juicio político.
“Marta Pascual es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada por el Congreso que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando. Por eso, debemos pedir su enjuiciamiento”, cuestionó el alfil bonaerense de LLA.
Por su parte, el presidente del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, afirmó que la resolución “sigue garantizando la impunidad de los delincuentes”, mientras que el titular de la bancada de LLA en la Cámara baja, Juan Osaba, consideró “inadmisible” la suspensión.
Frente a esas declaraciones, la AJB manifestó su preocupación por las expresiones de funcionarios y referentes políticos contra Pascual y alertó sobre las consecuencias institucionales de ese tipo de cuestionamientos hacia el Poder Judicial bonaerense. “Pueden inscribirse en una estrategia de disciplinamiento político que afecta la independencia judicial”, advirtió la entidad.
Finalmente, el sindicato sostuvo que la función judicial no se limita a aplicar las leyes, sino que también debe garantizar los derechos reconocidos por la Constitución nacional, y reclamó a los demás poderes actuar con “prudencia y respeto” por la división institucional. Para la AJB, los ataques contra Pascual constituyen “un grave retroceso institucional” y sólo buscan condicionar a quienes ejercen sus funciones con autonomía.
El fallo de la jueza Marta Pascual que derivó en el pedido de juicio político por parte de LLA
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N°2 de Lomas de Zamora, dio curso a la acción de habeas corpus presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.
En su fallo, la jueza resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil, la normativa promulgada este año que amplió el universo de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal, al considerar que el actual sistema bonaerense de privación de la libertad no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el eventual incremento de detenidos.
“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes”, argumentó la magistrada provincial.
