La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo contra la reforma laboral promulgada por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial. La central sindical solicitó a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la norma por considerar que vulnera derechos laborales establecidos en la Constitución.
La presentación fue realizada ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, el mismo magistrado que en 2024 había frenado el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei.
El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT junto a dirigentes de los distintos sindicatos que integran la central obrera. El planteo judicial se concretó luego de la movilización que la central sindical realizó el lunes hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde formalizó el pedido para que se declare la inconstitucionalidad de la ley.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, expresó ante la prensa Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT, durante la protesta frente a los tribunales.
En el documento difundido por la central obrera se sostiene que la denominada “modernización laboral” implica una grave afectación de derechos colectivos e individuales y podría vulnerar principios constitucionales. Entre los argumentos, la CGT advirtió que la nueva legislación desconoce el principio de progresividad o de no regresión, que impide retrocesos injustificados en los derechos laborales ya conquistados.
Además, el planteo menciona una posible afectación del principio protector del derecho laboral, que reconoce la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores. Según la central sindical, la reforma podría impactar en derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución, como la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y el acceso a la seguridad social.
Entre los puntos cuestionados, la CGT señaló que la normativa habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas y eliminaría el pago de horas extras, lo que implicaría una reducción salarial. También criticó la eliminación de sanciones a empleadores que incumplan con aportes o vulneren la legislación laboral.
Asimismo, la central sindical objetó la posibilidad de que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas y a través del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que, según advirtió, podría debilitar las garantías de los trabajadores ante una desvinculación.
