En vísperas de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar esta tarde, el Gobierno informó a través del Boletín Oficial millonarios recortes a la educación en programas y obras para universidades e insiste en un control, si otorga más dinero.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que el Gobierno convocará después de la movilización a todos los rectores de universidades con hospitales, con el objetivo de rediseñar la distribución de los fondos.
En el oficialismo reconocieron la necesidad de sostener el diálogo con las universidades, aunque insistieron en que cualquier incremento de partidas deberá estar acompañado de mecanismos de control y rendición de cuentas.
Según un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), “la situación presupuestaria en el sistema universitario nacional es crítica”. El documento advierte que las transferencias a universidades nacionales registran “una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026”, lo que implica “una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”.
También alerta sobre el fuerte deterioro salarial en el sector universitario. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumularon un incremento del 158%, mientras que la inflación alcanzó el 280%, lo que produjo “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32 %”.
A fines de abril, el CIN le respondió al Gobierno de Javier Milei, que intimó a los rectores por las medidas de fuerza adoptadas en las universidades públicas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Cumplan la Ley”, exigió.
Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró ratificar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades, y ahora el Gobierno dilata la resolución acudiendo a la Corte.
