La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) manifestó su férreo respaldo a la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual, quien frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
“Expresamos nuestro respaldo a la jueza Marta Pascual frente a la brutal campaña de ataques y desprestigio desatada a partir de su decisión de suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801“, señaló la AJB.
Aclaró que “la resolución fue adoptada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y fundamentada en la necesidad de garantizar los derechos de las y los adolescentes frente a la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura adecuadas para la implementación del nuevo régimen”.
“Las decisiones judiciales cuentan con mecanismos institucionales de revisión y no pueden dar lugar a campañas de presión, persecución o amedrentamiento contra magistradas, magistrados ni trabajadores y trabajadoras judiciales“, agrega el comunicado.
Hostigamiento al personal
El gremio alertó que en las últimas horas, el hostigamiento “se ha extendido también al personal” del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora.
“Por ello, exigimos el cese inmediato de los ataques y reclamamos la urgente intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración Provincial y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la jueza, de las y los trabajadores del organismo y el normal desarrollo de sus funciones”, mencionó la AJB.
El freno al nuevo Régimen Penal Juvenil
La cautelar dictada por la jueza en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo” dispuso la suspensión preventiva de la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
En la resolución mediante la cual suspendió el Régimen Penal Juvenil, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 en la que funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen.
El nuevo régimen penal juvenil, que había sido sancionado en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa contemplaba un período de 180 días de transición hasta la entrada en vigencia de la norma de forma tal que las jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras penitenciarias para alojar a población adolescente.
Al finalizar dicho plazo, se conoció el fallo de la magistrada, y desde el oficialismo y sectores políticos cercanos apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicill
Tres pedidos de juicio político
Se presentaron tres pedidos de juicio político contra la magistrada en el Senado por supuesto “mal desempeño” en sus funciones.
Las iniciativas fueron ingresadas en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), del senador Guillermo Montenegro (PRO) y del abogado bonaerense Alfredo Drocchi.
