El Frente de Todos aprobó en el Senado la reforma del Consejo de la Magistratura


Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado logró esta noche la media sanción del proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 miembros actuales a 17, un tema que, ahora, pasa a la Cámara de Diputados, donde parece complicado que el oficialismo reuna los 129 votos requeridos para sancionar la norma.

La iniciativa del Ejecutivo sufrió modificaciones durante las negociaciones para poder alcanzar los respaldos necesarios tras las cuales cosechó 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

A partir de los cambios incorporados, los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron al oficialismo que, con asistencia perfecta, logró los 37 votos para aprobar el texto.

En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó negativamente, al igual que la Alejandra Vigo de Córdoba Federal.

Los únicos ausentes fueron Martín Lousteau, diagnosticado con Covid este jueves por la mañana; y la riojana Clara Vega, que dio su discurso pero no estuvo en la votación.

La semana pasada la sesión para tratar el tema se cayó, producto del rechazo de Weretilneck a votar la iniciativa del Ejecutivo tal cual había sido enviada. Así, el Frente de Todos tuvo que recalcular y convocar a un nuevo plenario de comisiones para formalizar las modificaciones al dictamen, basadas principalmente en darle un carácter más federal al Consejo.

Los antecedentes y los plazos

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de 20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora nacional la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

El máximo tribunal argumentó que esa norma no respeta el “equilibrio” de los distintos estamentos que conforman el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.

Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el Consejo deberá volver a su composición original, con el presidente de la Corte presidiendo el organismo, en línea con la propuesta que planteaba Juntos por el Cambio.

Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica aún más el trámite en la Cámara baja, que tendría así tres días para tratar el tema, pero los números muestran que no será nada fácil.

De acuerdo al proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, cuatro de cada región: AMBA, Norte, Centro y Sur.

El debate

El encargado de abrir la ronda de oradores fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), quien cuestionó a la Corte Suprema porque “debió hacer un fallo y (en cambio) legisló”. “La restitución de la ley anterior implica arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, estimó el senador jujeño, para quien con esto “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. Por otro lado, destacó la labor llevada a cabo en la comisión.

De la vereda de enfrente, alzó su voz la senadora Beatriz Ávila que rechazó el proyecto del oficialismo al cual describió como “un intento del Poder Ejecutivo de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”.

Por el contrario, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) defendió el proyecto y lanzó fuertes críticas hacia el fallo de la Corte Suprema, al cual calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”. Además, apuntó contra la gestión de cambiemos y denunció que “quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.

La radical Silvia Giacoppo (Jujuy), autora de uno de los proyectos unificados por la oposición, destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.

Por su parte, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara expresó: “Los ciudadanos deben saber que el Poder Judicial y en este caso la Corte tiene la última palabra respecto a la libertar y el honor de todos”.

A su turno, el santafesino Dionisio Scarpin denunció: “En el 2006 el kirchnerismo hizo una ley para controlar el Consejo de la Magistratura”, y manifestó: “Hay que fortalecer la independencia de la justicia y hacerla hábil y operativa”.

Su coterránea, Carolina Losada (UCR) expresó: “Tiene que ser un Consejo equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y sería un papelón a nivel nacional e internacional”. A su vez, reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes y a nadie le importa porque este Gobierno esta totalmente desvinculado de la realdad y le niegan el acceso a la justica a los ciudadanos”.

Por el lado de la provincia de Tucumán habló el senador Pablo Yedlin (FdT) quien recordó que “el Consejo tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería un total desequilibrio”.

En otro pasaje, la mendocina Mariana Juri (JxC) cuestionó: “El proyecto lejos de traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un país que necesita el camino contrario. La Corte nos está dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.

El rionegrino Martín Doñate (FdT) destacó el “federalismo y el salto de calidad” que se introdujo en el texto a pedido de su coterráneo Alberto Weretilneck. Por otro lado, denunció que “estamos bajo extorsión de una decisión política de la Corte Suprema que esta decidida a tomar por asalto a otros poderes del Estado”, por lo que expresó preocupación porque “es de una gravedad muy profunda”.

Por otro lado, la riojana Clara Vega sembró incertidumbre respecto a su voto porque, si bien coincidió en que “tiene que haber paridad de género, en que tiene que estar representado el federalismo porque las provincias somos el último orejón del tarro”, pero lanzó: “La Corte tiene que estar presente, pero no tener doble voto”.

No fue el caso de la cordobesa Alejandra Vigo que adelantó su voto negativo porque “la nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema puntual es “el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”.

“La justicia no va a ser más independiente porque este algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó el rionegrino Weretilneck y comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la realidad. “Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos Somos Rio Negro.

En el tramo final, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que “esta discusión es parte del fracaso de la política”. Para el formoseño, “el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997, que “estableció un equilibrio de los estamentos”. “Del ’97 al 2006 no ha existido error político grosero”, argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma del 2006”.

El jefe del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo Cornejo criticó: “El debate que organiza el Consejo está muy teñido por el funcionamiento del Poder Judicial, se ha hablado muy poco del Consejo y mucho de la Corte Suprema. Algunos de los senadores del oficialismo, particular Parrilli, hizo mención al enorme desprestigio de la Corte. No hace falta hacer encuestas para saber que el funcionamiento del Poder Judicial está desprestigiado en un enorme contexto de deterioro social y económico”.

“Todos los poderes del Estado están desprestigiado, incluso este. ¿Cómo no estarlos? si en casi 40 años de democracia los argentinos tienen menor calidad de vida que la que tenían hace 40 años atrás, no es atribuirle al sistema democrático, sino a malas administraciones de diferentes gobiernos de distintos signos políticos. El aparto estatal ha crecido muy poco en los últimos 40 años”, advirtió.

Le tocó hablar después de Cornejo a la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien confesó estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero “cuando gobiernan en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.

Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina apuntó que a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar tratando el tema.