El Gobierno nacional resolvió postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya puesta en marcha estaba prevista originalmente para el 10 de febrero, con los datos correspondientes a enero de 2026. La definición fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se enmarca en una estrategia para evitar que se refleje el impacto de los incrementos de tarifas y servicios no regulados en el índice de inflación.
Según explicó el funcionario, el criterio adoptado es avanzar con el cambio metodológico recién cuando la baja de la inflación esté plenamente consolidada. La decisión se apoyó en una evaluación política del contexto: modificar el índice en medio de una desaceleración de precios podría abrir cuestionamientos sobre la legitimidad de los datos.
Caputo sostuvo que, si el nuevo IPC se aplicara mientras la inflación muestra una tendencia descendente, la oposición podría atribuir esa caída al cambio en el cálculo y no a la política económica, generando sospechas de manipulación estadística. En ese marco, el Gobierno optó por demorar el estreno de la nueva medición.
Las características del nuevo índice de precios
La nueva metodología del IPC se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, que actualiza los patrones de consumo de la población respecto del esquema vigente. El objetivo técnico es reflejar con mayor precisión la estructura actual del gasto de los hogares.
Entre los principales cambios, el nuevo índice otorga mayor peso a los rubros de vivienda, en particular los servicios públicos, así como a transporte y comunicaciones. Estos componentes ganan relevancia frente a otros bienes y servicios que tenían mayor incidencia en la canasta anterior.
De acuerdo con Caputo, las pruebas técnicas realizadas durante la gestión de Lavagna arrojaron resultados muy similares a los del IPC actual, con variaciones mínimas en los meses de diciembre y enero. Esa coincidencia en los números fue uno de los argumentos oficiales para sostener que la postergación no responde a diferencias técnicas, sino a una decisión de oportunidad política.
La salida de Lavagna y la continuidad en el INDEC
Las diferencias sobre los plazos de implementación del nuevo IPC derivaron en la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El exfuncionario había asumido en 2019 y dejó el cargo tras seis años de gestión, atravesando dos gobiernos de distinto signo político.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la salida fue acordada y en buenos términos, descartando un conflicto institucional más amplio. Caputo afirmó que el desacuerdo se limitó a un criterio distinto sobre el momento adecuado para introducir el nuevo índice de precios.
Como reemplazo definitivo fue confirmado Pedro Lines, hasta ahora número dos del organismo y funcionario de carrera. Su designación apunta a garantizar la continuidad técnica e institucional del INDEC, así como el cumplimiento del calendario de difusión estadística, mientras el Gobierno define el momento para avanzar con la nueva metodología del IPC.
