El Gobierno la provincia de Buenos Aires y las cuatro principales distribuidoras eléctricas que operan en el territorio (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP) apelaron el fallo judicial que congeló las subas y obligaba a reajustar los valores a los cuadros tarifarios previos.
La controversia, que mantiene en vilo el costo del servicio público para millones de bonaerenses, se trasladó ahora a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, luego de que el juez de primera instancia concediera el recurso presentado por el Estado y las empresas.
La disputa se originó tras la aplicación de la Resolución N° 585/2026 dictada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. La norma autorizaba subas de entre el 1,5% y el 3,5% a partir del pasado 1 de julio.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, conducida por Guido Lorenzino, interpuso una acción de amparo para frenar el impacto en el bolsillo de los usuarios. El juzgado que tomó el caso inicialmente suspendió las actualizaciones y ordenó la devolución total del dinero.
Para justificar el freno, el magistrado interviniente apuntó de forma directa a la falta de audiencias públicas, una herramienta obligatoria de participación ciudadana. No se convocaron en los últimos 10 años.
Frente al revés judicial, el Gobierno bonaerense acudió a los tribunales mediante la Fiscalía de Estado, en sintonía con las presentaciones de EDEN, EDEA, EDES y EDELAP. El principal objetivo es conseguir que la apelación sea tratada con efecto suspensivo, lo que les permitiría volver a aplicar las subas.
Mientras tanto, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, bajo la firma del juez Agustín López Coppola, derivó formalmente todo el expediente hacia el tribunal de alzada marplatense.
