El incendio en la comisaría de Transradio, donde había 27 reclusos alojados, provocó la muerte de seis de ellos. Cuatro murieron en el acto y otros dos fallecieron ayer. Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires rechazó las acusaciones y advirtió que la decisión de los jugares de detención es del Poder Ejecutivo.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires rechazó la versión de que los jueces y fiscales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades policiales, son quienes remiten los presos a las comisarías clausuradas por ellos mismos. “Quien dispone los lugares de detención es el Poder Ejecutivo de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad”, aclara.
“La vocación de eludir la responsabilidad y las consecuencias de incumplir una orden judicial destinada precisamente a evitar situaciones trágicas como las vividas recientemente en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría es correlativa con la de responsabilizar a los magistrados por la existencia de un ´garantismo´ que crearía una ´puerta giratoria´ mediante la cual los delincuentes quedan en libertad”, señala el comunicado.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia señala: “Es momento de esclarecer a la opinión pública y de hablar con claridad. El Poder Ejecutivo es el principal responsable de la seguridad ciudadana. Los lugares de detención, que pertenecen a su órbita funcional, no alcanzan y son inadecuados. Cuando esas fuentes reclaman más personas detenidas ocultan que no tienen dónde alojarlos y que por eso deciden ignorar, de manera irresponsable y con las consecuencias a la vista, las órdenes de clausura de calabozos emitidas por los jueces”.
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamamiento público a las autoridades responsables a resolver sin dilaciones el problema del hacinamiento de los detenidos y a acatar las decisiones judiciales para prevenir situaciones similares”, concluye el comunicado.
El hecho
Se inició en la madrugada del jueves comenzó cuando un efectivo de la comisaría detectó que dos detenidos estaban forzando las rejas para escapar y tras notificar a sus superiores, al menos diez móviles policiales se acercaron a la seccional ubicada sobre Camino de Cintura.
Los internos, al ser descubiertos, pusieron colchones contra la puerta, generaron un incendio y se produjo un intento de motín. En ese momento, se originó una pelea en el calabozo entre los que pretendían generar el fuego y los que se oponían.
Cuatro presos fallecieron en el lugar y otros diez tuvieron que ser trasladados a un hospital por inhalación de monóxido de carbono. Ayer, fallecieron otras dos víctimas.Se trata de Miguel Ángel Sánchez (31) y Elías Soto (20). Ambos habían sido trasladados al hospital junto a otros heridos. Se suman así a las muertes de Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59).
“Los 27 estaban alojados sin colchones, debiendo turnarse para dormir en el piso sobre frazadas. Y prendieron fuego mantas y papeles. Estaban alojados de manera ilegal en un lugar clausurado judicialmente y donde -según la policía- solo había cupo para 10 personas”, había alertado la Comisión provincial Por la Memoria (CPM), que también responsabilizó al Estado.
