Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, aseguró que no son muchos los aspectos de la Ley de Alquileres que deben ser modificados. Respaldó el índice de ajuste pero bregó por un acuerdo entre los sectores para aplicarlo y por volver a dos años de contrato.
“El Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocando a debatir una nueva iniciativa. En ese marco, Donsanto precisó que “esta propuesta es compartida por todos los sectores de la política”. María Eugenia Vidal, por ejemplo, propuso derogarla en su plataforma.
Desde el Colegio de Martilleros de la Provincia ratificaron que “no ha dado resultado”. “Nosotros ya tenemos posición fijada respecto al tema. Hay aspectos que se deben conservar pero otros se deben modificar. No hay que hacer grandes cambios”, consideró.
Bregó, entonces, por mantener el índice de ajuste porque “refleja bien la realidad” pero aclaró que “lo que está distorsionando es la forma o el príodo donde se aplica”. “Hoy estan congelados por un año, queremos seguir trabajando con el índice pero proponemos a los distintos sectores que sean las partes las que acuerden el período“, apuntó en declaraciones a FM Milenium. También pidió que con respecto al plazo se vuelva a la vieja legislación.
El 30 de junio de 2020 fue promulgada la Ley de Alquieres. Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial son la extensión de un contrato de dos a tres años y un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral-. Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino puede optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. “Los imobiliarios, los propietarios y los inquilinos deben ser contemplados”, sentenció.
Debate en el Congreso
Massa llamó a discutir en el Congreso una nueva ley de Alquileres que brinde certezas al propietario y “garantías y tranquilidad” al inquilino, tras advertir que fracasó la norma que entró en vigencia el 1 de julio del año pasado. En esa misma línea, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, consideró que la ley de Alquileres es “uno de los tantos fracasos del PRO, al igual que los créditos UVA”, y sostuvo que “tener una ley nacional de Alquileres no es una herramienta viable, sino que cada jurisdicción debería tener su regulación”.
Por su parte, uno de los impulsores de la ley actual, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetsky, aseguró que la normativa “entró en vigencia en un momento difícil, el 1 de julio del año pasado, en un momento que el Gobierno había decidido congelar los alquileres por la pandemia, a partir de ahí el mercado quedó desvirtuado”. “En un marco de altísima inflación, el método de actualización que prevé la ley es un aumento muy alto, es un método que lamentablemente no funcionó; el método de actualización no funciona y hay que cambiarlo”, agregó.
Inquilinos Agrupados
Inquilinos Agrupados, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmó que “lo que fracasó es la política de vivienda del Ministerio de Desarrollo Territorial”, y que “la ley de Alquileres es un gran avance en materia de derechos para los inquilinos y las inquilinas, lo que fracasó es el control del Estado respecto de su aplicación”.
“Las familias que alquilan no llegan a fin de mes, y eso no es por la ley de Alquileres. Pensar en retroceder es ceder ante el mercado inmobiliario y dejar desprotegido el sector vulnerable que esta ley viene a proteger en medio de una crisis económica, social y habitacional sin precedentes”, concluyó la agrupación que representa Gervasio Muñoz.
