En el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia para analizar el proyecto del Ejecutivo y las iniciativas de la oposición sobre la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia, Martín Soria disparó munición gruesa contra el máximo tribunal.
“El fallo de la Corte Suprema es una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Pone en jaque la división de poderes. No es una sentencia jurídica, es un acto político extorsivo”, dijo Soria apenas iniciado el debate. “Si quieren hacer política que se saquen la toga y vaya a algún barrio a buscar votos”, lanzó en relación a la disposición del tribunal de anular la reforma del organismo de selección de jueces.
Por imposición de la Corte Suprema, Congreso debe sancionar una nueva norma que modifique la composición del Consejo. En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley del 2006 -impulsada por Cristina Kirchner entonces como senadora- que redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13 y alteró el equilibrio de sus integrantes, dándole mayor peso a los representantes de la política.
La Corte dio 120 días para realizar cambios en la composición del Consejo. El plazo vence el 15 de abril. De no cumplirse con la fecha, el organismo quedaría inhabilitado para firmar resoluciones y sería obligado a retomar la integración que tenía hasta el 2006.
“Buscamos evitar esta extorsión a tiempo. El próximo 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional en la Argentina. La parálisis del órgano que administra el Poder Judicial”, agregó Soria.
El Frente de Todos busca emitir dictamen entre hoy y mañana para poder darle media sanción al texto oficial la semana que viene en el recinto. Será el primer test parlamentario para el Frente de Todos tras la fractura en el recinto de la semana pasada en la votación sobre el FMI.
Juntos por el Cambio, en tanto, unificó sus iniciativas y presentó un solo proyecto para modificar la composición del organismo. La oposición presiona para que el presidente de la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura, algo que el oficialismo rechaza de plano.
“Hay sectores que quieren llevar el debate al objetivo real que tuvo la Corte Suprema al declarar la inconstitucionalidad la ley del 2006, que es nada más y nada menos que meterse por la ventana en el Consejo de la Magistratura”, siguió el ministro de Justicia, Martín Soria.
La comisión de Justicia está presidida por el kirchnerista neuquino Oscar Parrilli, uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Al frente de Asuntos Constitucionales fue designado el peronista jujeño Guillermo Snopek, que también votó con el cristinismo la semana pasada en contra del acuerdo con el FMI.
El oficialismo cuenta con los números para emitir dictamen sin dificultad en el plenario de comisiones. Sin embargo, en el recinto requerirá asistencia perfecta del bloque -luego de una sesión en la que votó partido- y la ayuda de dos aliados para llegar a los 37 votos necesarios para aprobarla.
El Frente de Todos buscará el respaldo de Magdalena Solari Quintana (Misiones), Clara Vega (La Rioja) y Alberto Weretilneck (Río Negro), que también presentó un proyecto pero estaría dispuesto a unificarlo con el del oficialismo.
Sin embargo, la aprobación sin respaldo opositor en el Senado podría traer problemas para conseguir luego mayorías en la Cámara de Diputados, donde Frente de Todos requiere mayores negociaciones para alcanzar los votos necesarios.
