En su avance vertiginoso, la investigación del intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expande diferentes líneas de investigación que se abren hacia un abanico de relaciones personales, vínculos políticos y hasta financiamiento económico de grupos afines a la ideología de los atacantes, y comienzan a complejizar la trama.
Si bien a surgieron algunas certezas del expediente judicial y se descartaron muchos de los primeros rumores infundados sobre la mecánica y las motivaciones del atentado, también algunas opacidades en la historia, sobre todo las vinculadas al desempeño de la Policía Federal, despiertan inquietud y exigen aclaraciones.
Para ordenar lo que dejó hasta ahora de la investigación, a tres semanas del hecho, una posibilidad es comenzar por aquellas hipótesis iniciales que fueron dejadas de lado y luego avanzar con aquellas que continúan activas.
Las hipótesis descartadas
En principio, la pistola no era de agua. Suena absurdo a esta altura de la pesquisa, pero esa fue la versión que circuló con más fuerza por las redes sociales y en boca de algunos dirigentes opositores, que alentaban la idea de que lo ocurrido era un burdo montaje. Incluso se difundieron videos de supuestos especialistas en armas que decían ver un líquido saliendo del cañón del arma y cayendo sobre la cara de la víctima.
Otra certeza es que el frustrado tirador no es un militante kirchnerista, como se insistió durante las 72 horas posteriores al jueves 1 de setiembre, incluso en boca de una legisladora opositora. Imágenes en las que se veía a Ignacio Barbieri, un joven peronista de Avellaneda, junto a Cristina Fernández de Kirchner fueron falsamente distribuidas por las redes como si se tratara de Fernando Sabag Montiel, el verdadero tirador.
Tampoco fue un autoatentado, como sugirieron desde el primer momento algunas voces desconfiadas. Nada en la causa apunta a que exista alguna vinculación entre el ataque y el entorno de la Vicepresidenta con la intención de obtener un supuesto rédito político.
Finalmente, no se trató de un loco suelto. Si bien aún no está determinado el alcance de la organización, quedó descartado a las pocas horas de la detención de Sabag Montiel que no fue obra de una persona aislada y con facultades mentales alteradas, sino que se trata de un hombre consciente de sus actos e integrante de un grupo mayor que hasta ahora involucra a otras tres personas, todas detenidas: Brenda Uliarte, presunta novia de Montiel; Gabriel Carrizo, dueño de la máquina que fabricaba los copos de algodón de azúcar que vendían el atacante y su pareja, entre otros; y Agustina Díaz, amiga de Uliarte. Los dos primeros procesados y los otros dos a la espera de que se resuelva su situación procesal.
Las opacidades de la investigación
La Policía Federal está cuestionada por su actuación en el caso, tanto por el modo en que operó su custodia en el momento del ataque y en los primeros minutos posteriores a que un militante que oficiaba como seguridad viera el arma a centímetros de la cabeza de Cristina y gritara “córtalo, córtalo que tiene un fierro”, como por cuestionado el desempeño en la investigación.
Al reseteo y borrado del teléfono celular de Montiel, aún no explicado y difícil de justificar como una acción involuntaria, que derivó la la incorporación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria como responsable de las pericias, se suma una revelación de los últimos días.
Hay un nuevo sumario abierto sobre personal de esa fuerza de seguridad por haber incumplido la orden de la jueza María Eugenia Capuchetti para pinchar la línea telefónica y oír en tiempo real las comunicaciones de Brenda Uliarte en las horas que transcurrieron entre la detención de su pareja y la de ella. Personal del juzgado, según trascendió, comprobó personalmente que esa tarea no se estaba realizando en las dependencias de la Federal asignadas a esa función.
Certezas preliminares
A 21 días del atentado, la justicia considera que existe semiplena prueba de que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte urdieron un plan para asesinar a la Vicepresidenta de la Nación y lo ejecutaron.
Concretamente, considera probado que Sabag Montiel, la persona detenida aquel 1 de setiembre, era la que efectivamente tenía una pistola en la mano a centímetros de la cara de la Vicepresidenta. Que la pistola hallada en el piso e incautada es la misma que tenía en la mano, porque contenía restos de su ADN y porque hallaron fotos en las que se lo ve con la misma arma en la mano.
Además, confirmaron que esa pistola era real, estaba apta para el disparo y tenía balas en su interior que también estaban aptas para ser disparadas, pero que en el momento del peritaje no tenía bala en la recámara.
También estableció la relación personal del procesado con Uliarte, la presencia de ella en el lugar del hecho ese día y otros anteriores, y constató que participaba de la decisión y la planificación para “dar muerte” a la ex mandataria. Los múltiples chats obtenidos del peritaje del celular de la joven dan cuenta de conversaciones reiteradas entre ambos sobre el tema y las imágenes la muestran en el lugar del hecho. Además, hay testigos, como su ex novio, que cuenta que ella admitió haber participado de la planificación la noche misma del ataque. También lo demuestran conversaciones de Brenda con otras personas, como Carrizo y Agustina Díaz. Incluso hay conversaciones en las que ella se muestra dispuesta a completar la tarea que quedó trunca a manos de Montiel.
Es decir que la relación intento de disparo, arma capaz de matar y persona detenida inicialmente está establecida. Lo mismo que la relación entre ambas personas procesadas y su vinculación con la organización y la ejecución del hecho.
El rol de Carrizo en la historia es más complejo y vidrioso. Intentó despegarse rápidamente de los implicados e incluso promovió una curiosa entrevista en Telefé junto a Brenda y otros miembros del grupo de vendedores de algodón de azúcar, horas después del atentado, en la que pareció buscar visibilidad pública aún a pesar de quedar vinculado con la ahora procesada por intento de homicidio. En lugar de tomar distancia, se sentó junto a ella en la entrevista grupal brindada al noticiero más visto de la televisión abierta.
Poco después se presentó espontáneamente ante la Justicia para declarar como testigo y aceptó dejar su teléfono celular para que sea peritado. De ese análisis, sin embargo, salieron varias conversaciones que lo incriminan, motivaron su detención, y lo dejan al borde del procesamiento.
Carrizo, a diferencia de Montiel y su pareja, no está representado por un defensor oficial asignado por el Estado sino que cuenta con el patrocinio de dos letrados particulares, Gastón Marano y Brenda Salva. Ambos, en el momento de asumir la representación, ejercían el cargo de asesores en el Congreso de la Nación para legisladores del PRO. El primero para el senador Ignacio Torres, miembro de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, y la segunda para la diputada Karina Bachey, cargos de los que fueron removidos como consecuencia de la defensa que encararon.
En las últimas horas, Marano rechazó las versiones de que Javier Milei, Ramiro Marra, Torres, o referentes del PRO lo acercaran al imputado. “En esta causa me puso Gabriel Nicolás Carrizo. No tengo vínculos con el PRO ni con ningún otro espacio político”, señaló, al tiempo que negó que su socio, Fernando Sicilia, patrocinante de ex agentes de la AFI acusados de espionaje político, también participara de la defensa de Carrizo.
Sí confirmó que por ahora trabajarán gratis para el detenido, bajo la modalidad Pro-bono, es decir que lo harán “por el cobro del mínimo legal” y que “eventualmente pagará Carrizo o quien resulte condenado en costas al final del proceso”.
En cuanto a la cuarta detenida, Agustina Díaz, la comunicación franca y explícita entre ella y Brenda Uliarte acerca de la intención de cometer el magnicidio, antes y después del atentado fallido, surgida del celular de ambas jóvenes, llevaron a privarla de la libertad. En las últimas horas, la Cámara Federal rechazó el pedido de excarcelación presentado por su abogado defensor y dispuso que permanezca recluida mientras se desarrolla la investigación.
En el escrito que resuelve su imputación, la jueza señaló que se la acusa de “haber tomado parte de la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre”.
“La nombrada intervino activamente en la planificación del suceso manteniendo numerosas conversaciones con Brenda Uliarte donde establecieron el modo de cometer el hecho, dándole consejos, y advirtiendo de los peligros que puedan aparecer y brindó su cooperación con posterioridad al mismo, a partir de promesa anterior, a fin de que dicho plan no quede al descubierto”, señala el documento.
Hasta ahora, sin vínculos con Revolución Federal
El discurso anti política en general y antikirchnerista en particular que enarbolan en sus comunicaciones privadas de los jóvenes detenidos por el atentado contra Cristina Fernández coincide significativamente con el que exponen públicamente los integrantes de la organización Revolución Federal, una agrupación de reciente repercusión pública, a la luz de sus guillotinas en Plaza de Mayo, sus antorchas encendidas arrojadas contra la Casa Rosada, sus patadas contra autos oficiales y sus insultos enardecidos contra cualquier funcionario que se les ronden de manera real o virtual.
Incluso la Agencia Federal de Inteligencia aportó a la causa algunas grabaciones de los integrantes de esa organización, como Jonathan Morel y Gastón Guerra, realizadas en reuniones públicas a través de las redes en las que se expresaban a favor de atentados contra referentes del kirchnerismo.
Marcha de la guillotina
Brenda Uliarte participó de la movilización de las antorchas y la guillotina organizada por Revolución Federal, pero en el expediente no hay vínculos entre esa organización y el atentado.
Guerra es conocido de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina que vive en el piso de arriba de Cristina Kirchner, en cuyo balcón se fotografió para las redes sociales. Además, allí vivía -porque le alquilaba una habitación- la abogada que lo defiende en las causas por agresión a funcionarios nacionales.
Morel, por su parte, contó que fue contratado por una empresa vinculada a los hermanos Caputo, familiares de ex funcionarios del PRO, para realizar trabajos de carpintería para una obra en la Patagonia y abrió la puerta a suspicacias respecto del origen del financiamiento de este grupo.
De todos modos, nada que tenga que ver con esta organización está relacionado hasta ahora con el accionar de quienes intentaron asesinar a la Vicepresidenta. Es decir que, a pesar de las coincidencias ideológicas que parece haber entre ambos grupos, en la causa no se estableció ningún nexo material que pueda atribuir responsabilidad a Revolución Federal con la planificación o la ejecución del ataque.
Puntas abiertas
A pesar de las certezas que los investigadores fueron hallando con el correr de los días, hay aún muchos interrogantes sobre la causa, muchos de los cuales surgen de datos de la propia pesquisa.
Un video que trascendió en los primeros días de la investigación mostraba a Montiel y Uliarte en un local de comidas rápidas de Quilmes en una actitud sospechosa, al parecer, intercambiando mensajes escritos con una mujer. Qué hicieron en ese lugar, qué decía el mensaje que recogieron y quién era la mujer con la que tomaron contacto es aún una incógnita no resuelta.
Otras imágenes, de una movilización realizada el 9 julio último, muestran a Brenda Uliarte participando de la marcha de la guillotina convocada por Revolución Federal, aunque sus líderes aseguran que no tienen relación con la imputada. ¿Fue una participación casual, espontánea de la joven o hay alguna relación más profunda que la admitida entre esa organización y los detenidos?
En algunos de los chats que intercambió con su amiga Agustina, la propia Brenda asegura que se hartó de los liberales y las marchas, y decidió pasar a la acción:
“Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”, escribió el 27 de agosto, poco antes del atentado.
Ella misma, junto a Montiel, intentaron alquilar un departamento a pocos metros de la casa de la Vicepresidenta, y, según los mensajes, lo hicieron con intención de realizar el atentado desde allí. Incluso hay imágenes de video en la que se los ve visitando el edificio. Más allá de demostrar la planificación del hecho, el dato abre el interrogante respecto de la cantidad y el origen de los fondos con los que contaron para llevar a cabo el plan.
Otro interrogante es qué pasó con el arma que, según escribió el propio Carrizo, él mismo compró para concretar el ataque. Se trataría de una calibre 22 y no una 32 como la secuestrada en el lugar el hecho. ¿Qué pasó con esa arma, por qué no la usaron, dónde está?
También es llamativo que durante varios días un grupo de personas de escasos recursos se lancen a vender algodón de azúcar, una golosina pensada para niños, en medio de una movilización de adultos. ¿Por qué estuvieron ahí durante varios días? ¿Qué intención tenían? Si estaban haciendo inteligencia, ¿era para Carrizo, el jefe del grupo, o para alguien más que los contrataba?
Otro interrogante gira en torno a algo que podría haber cambiado la historia argentina de manera trágica y definitiva: ¿Por qué no salió la bala? Si Montiel tuvo el arma con anterioridad; si, como dice Uliarte en un chat, sabía disparar y el arma estaba en condiciones de hacerlo ¿por qué no logró su objetivo? Según los chats de su pareja, los nervios del asesino cambiaron afortunadamente el destino de ese plomo, que quedó para siempre encerrado dentro del cargador y salvó a Cristina Fernández de Kirchner y a la democracia argentina de una tragedia irreparable.
