La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados concluyó esta tarde con la primera jornada del debate de proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres, inquilinos, propietarios y de inmobiliarias.
La reunión se desarrolló en el anexo C de la cámara baja, de forma mixta, virtual y presencial, con el objetivo de “escuchar a las provincias que son parte de la problemática”, según afirmó Cecilia Moreau, titular de la comisión y tras quien expuso Giovanni Tesaro, departamento jurídico de Defensa del Consumidor de Chaco, quien consideró que la ley “debe tener previsibilidad”, al hacer referencia a la “falta de certidumbre” de la norma actual.
En tanto, Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de esa provincia, sostuvo que la ley actual “no contribuyó a dar soluciones a la crisis habitacional y profundizó la escasez de oferta”, al advertir que “no tiene en cuenta la receptividad del turismo ni las actividades estacionales: la sola derogación es insuficiente para atender la problemática porque hay que atender las causas reales”.
Por su parte, Roberto Diaz de la Unión de Inquilinos de Río Negro advirtió que “hay personas viviendo en carpas, en autos o en colectivos” como consecuencia de la aplicación de la ley y consideró que “la situación es preocupante”.
Por su parte, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, detalló que en 2021 se recibieron “1.181 denuncias provenientes de inquilinos e inquilinas de nuestra ciudad”, dentro de las cuales “cinco de cada diez relatan incumplimiento a la Ley de Alquileres vigente”.
En esa línea, apuntó que habría que preguntarse “si es que la ley fracasó, no funciona; o que la ley no se está cumpliendo y hay sectores que están haciendo lo posible para que esto no se cumpla”.
Por su parte, Gabriela Ortiz de Urbina, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, sostuvo que la norma “afectó principalmente por el tema del plazo y el incremento” al argumentar que “36 meses en la economía argentina, es demasiado tiempo”, y remarcó que “no existe ningún otro producto o servicio que se ajuste una sola vez al año” con la inflación que hay en el país.
A su turno, el vicepresidente del Colegio de Corredores inmobiliarios de Santa Fe, Flavio Tomatis, planteó: “Consideramos que la legislación debería sufrir al menos dos modificaciones. El plazo y el acuerdo entre las partes de poder reajustar semestralmente”.
Cesar Lera, presidente de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, recordó que “el inquilino es la parte débil del contrato” y señaló que en esa provincia “un alquiler arranca en 20 mil pesos -un ambiente dependiendo la zona, sin contar gastos de expensas-, mientras que el salario inicial de un docente es de 49 mil pesos”.
“Para vivir en esa propiedad necesita 20 mil pesos de alquiler, 6 mil de expensas, sellado, mes de depósito de 20 mil y honorarios del escribano. Es decir, 79 mil pesos para ingresar cuando gana 49 mil”, redondeó.
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus. A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
De acuerdo con el cronograma establecido, la comisión retomará el debate la semana próxima con reuniones presenciales el martes 19 y miércoles 20, mientras que entre el martes 26 y miércoles 27, se pretende comenzar a firmar el dictamen. De esta manera, Moreau cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.
Todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de uno de su implementación. Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
La intención del oficialismo es avanzar en el debate y llegar a un dictamen de consenso para llevarlo al recinto de la Cámara baja el mes próximo.
