La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que “es evidente que va a haber una condena” en su contra en la causa Vialidad, cuyo veredicto se dará a conocer mañana, reafirmó que esa sentencia está “escrita” desde 2019 y dijo que, en esa investigación, “se violaron todas las garantías constitucionales”.
La titular del Senado se expresó en estos términos en una entrevista que publicó hoy el diario brasileño Folha de San Pablo y que ella compartió desde sus redes. “Es evidente que va a haber una condena”, sostuvo la exmandataria, y advirtió: “La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio”.
Para la Vicepresidenta, “se violaron todas las garantías constitucionales” pero además “todo lo que se dijo (en la causa) era mentira”. La fiscalía solicitó 12 años de prisión para la Vicepresidenta e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
Además, señaló que un veredicto condenatorio será “una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto”, CEO del Grupo Clarín.
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En ese sentido, mencionó algunos de los argumentos que expuso tanto en su alegato del juicio oral y público por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz como al pronunciar el martes pasado sus “últimas palabras” antes del veredicto, que acompañó luego con la difusión de un documento titulado “las veinte mentiras de la Causa Vialidad”.
La exmandataria vinculó la violación de garantías y procedimientos en el juicio en el que mañana se dará a conocer el veredicto con la acción de lo que ella define como “partido judicial”, un instrumento utilizado para frenar a la “oleada de gobiernos populares, nacionales y democráticos”.
De acuerdo con Fernández de Kirchner, los “nuevos instrumentos” para atacar a los espacios progresistas y populares de la región buscan cumplir con tres objetivos: “controlar la voluntad popular”, “proteger” a los dirigentes afines y “disciplinar a los dirigentes políticos para el que todo aquel que tenga una idea de cambio, de defensa del patrimonio nacional y de los sectores más excluidos, lo piense dos veces”, puntualizó.
También consideró llamativo el día en que se leerá la sentencia, que se concretará mañana, martes 6 de diciembre. “El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el ‘7D’, fue un emblema de nuestro Gobierno con la Ley de Medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir”, dijo la expresidenta en la entrevista que también compartió en sus redes sociales.
En ese marco, añadió: “La tapa de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto”, dijo en referencia al CEO del Grupo Clarín.
Asimismo, la Vicepresidenta denunció que “los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su Gobierno”. “Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita. Pero además, se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales cuando, en realidad, cuando termino como presidenta, tengo los bienes por los que fui investigada tres veces”, reafirmó.
“La tapa de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto”
Cristina Fernández de Kirchner
Entonces se refirió al juez que instruyó la causa, Julián Ercolini, titular del juzgado federal 10. “El juez que instruyó esta causa (por Ercolini) es el mismo juez que había dicho que no podía ser competente en estos mismos delitos pero, en otro juicio en el cual se me había hecho por enriquecimiento ilícito a mí y a Néstor Kirchner nos sobreseyó a ambos. Y los bienes, sobre los cuáles nos investigó, son los mismos que yo tenía al 10 de diciembre de 2015”, indicó.
También explicó que la juzgan por las mismas obras viales ya fueron investigadas en San Cruz. “Son las mismas exactas, 51 obras públicas, que ahora dice que sí es delito acá en esta jurisdicción”, insistió.
En ese marco, apuntó: “Ricardo Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte, se tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadio, que era un juez que perseguía a mí y a mi familia, del otro. Acá el ‘lawfare’ estuvo encarado desde la cúspide del poder”. “El tribunal que yo definí como un pelotón de fusilamiento, el que me está investigando a mí, el presidente del tribunal integra el mismo equipo de fútbol y son amigos con el fiscal. Esto está comprobado”, cuestionó.
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Al referirse a su patrimonio fue taxativa y remarcó que tuvo una “evolución normal”. “Nosotros cuando llegamos a la Presidencia no éramos pobres. Teníamos más de 23 propiedades de las cuales después algunas vendimos y compramos otras”, repasó.
En ese marco, agregó: “Cuando llegamos teníamos un certificado de plazo fijo de tres millones de dólares, más de tres millones de dólares”. En este punto, concluyó: “Los veintipico de inmuebles que teníamos, algunos los vendimos y con esos que vendimos compramos otros pero volví a la misma casa donde yo vivía”.
Comparto la entrevista con el diario Folha de San Pablo.#CristinaEnFolha https://t.co/nWiPkJWOng
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 5, 2022
En otro tramo de la entrevista, la Vicepresidenta se refirió al intento de asesinato en su contra cometido el 1 de septiembre pasado y cargó contra el macrismo y la familia Caputo: “Los que están presos fueron los autores materiales del atentado, pero yo creo que hay autores intelectuales”, remarcó.
Recordó entonces que los miembros de Revolución Federal “recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe” y opinó que “si esto fuera al revés, estaríamos todos presos”.
“Estaban todos directamente vinculados con los grupos de derecha que aparecieron financiados por empresarios vinculados con el macrismo, y que fueron hermanos de alguien que fue funcionario del macrismo, que fue el que endeudó a la Argentina”, sostuvo. “Es Caputo, empresarios vinculados a hermanos de quien fuera funcionario de Macri. Y primos de quien fuera un empresario importantísimo amigo del alma de Macri”, afirmó.
Consultada entonces sobre qué pensaba de esa trama, respondió: “Que me quieren presa, o muerta, que esto es lo que está pasando en la República Argentina”.
Por otro lado, cuestionó el acuerdo que el Gobierno de Mauricio Macri firmó con el FMI en 2018, al graficar que al entonces mandatario “le prestaron cualquier cosa violando los estatutos” del organismo y “ahora quieren hacer cargo al país de haberle prestado tanto a la República Argentina”.
No deja la política
Más adelante contó sobre su vocación pública y prometió que no dejará nunca de intervenir en la política argentina. “La política me gustó de muy joven”, confió, y planteó que “la política no es solamente ocupar un cargo. No es solamente ser presidente, vicepresidenta, senadora, o diputada. Es poder enhebrar ideas. Transmitirlas. Que haya gente que las reciba, que las sienta”, siguió su argumento.
Finalmente, resaltó: “Ser dirigente es poder mirar más allá y decir ‘La historia va por allá, hay que hacer esto” . Eso no lo voy a perder nunca. Podré ser Presidenta o legisladora, pero nunca voy a renunciar a decir lo que me parece que hay que hacer para construir un país mejor para nuestra gente”.
El veredicto
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso prevén dar a conocer la sentencia mañana por la tarde en la llamada “causa Vialidad”, bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.
Es decir, ellos estarán junto al secretario del TOF2 Tomás Cisneros en una de las salas de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 y se conectarán a la plataforma Zoom al igual que el resto de las partes que participan del juicio de manera remota. Para el veredicto tendrán que estar conectados a la audiencia todos los acusados.
Para el martes a las 9.30 se fijaron las últimas palabras del imputado exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y luego se anunciará el horario de la sentencia.
CAUSA VIALIDAD: EL JUICIO
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico”.
Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas “maniobras” para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.
Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.
En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.
PEDIDOS DE CONDENA
Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.
