En una maratónica sesión, Diputados convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos

Con 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa. Los otros proyectos.

La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

El proyecto sumó 200 votos a favor; 22 en contra y 16 abstenciones, en tanto que se registraron 18 diputados ausentes al momento de la votación.

La iniciativa comenzó a ser debatida pasadas las 16 y su análisis se agotó pasadas las 23, tras la intervención de más de 70 diputados, que participaron de la primera reunión presencial tras la metodología de trabajo mixto aplicado durante los primeros meses de la pandemia de Covid.

Al abrir el tratamiento del proyecto, la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), afirmó que “el Estado argentino no va a mirar para otro lado” en un contexto de “enfermedades crónicas no transmisibles” como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardíacos, que afectan a su población y que se pueden prevenir a partir de la alimentación. Por eso, marcó la importancia de destacar la información nutricional en las etiquetas de los productos alimenticios, debido a que en la actualidad muchas “son ilegibles”.

Su compañera de bloque, Liliana Schwindt, ponderó la ley como un “hito para consumidores y usuarios”, pero también “para la producción alimentaria argentina”. “Esta ley es poner en lo más alto a los consumidores, que hace años reclaman información clara, precisa y veraz”, dijo.

Desde su condición de presidente de la comisión de Salud y con su pertenencia al Frente de Todos, el tucumano Pablo Yedlin mostró sus diferencias parciales: “El azúcar no es un veneno, es un producto natural. Muchos edulcorantes, en cambio tendrán que explicar cuán saludables son. Vamos a acompañar el proyecto proponiendo mejoras”.

La también tucumana Beatriz Ávila (Frente de la Justicia Social) advirtió que el etiquetado color “negro remite a la idea de muerte”, y sostuvo: “Esta ley de etiquetado frontal, tal como está, va a generar más pobreza y mayor desempleo para la región. Creo que todos los diputados de la región debemos unirnos y hacer una mejor ley, que no deje las economías regionales”.

Por el Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales dio otro punto de vista: “A la provincia de Misiones hay cuestiones que le afectan con la yerba y el té, pero vamos a acompañar la ley y esperamos que en la reglamentación pueda arreglarse”.

Desde otro espacio provincial, el médico Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, remarcó: “Esta ley es más que bienvenida. Datos matan relato; según trabajos científicos en Uruguay hubo modificaciones en las decisiones de compra en base al rotulado y en Chile no hubo disminución del trabajo a partir de esta medida como muchos dicen”.

La diputada de Juntos por el Cambio Brenda Austin (UCR) celebró el tratamiento de esta ley que “derriba mitos” y destacó que logró no “haber caído en la grieta”, sino que se ponderó la “defensa del derecho a la salud”. “Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso”, dijo, y agradeció a organizaciones de la sociedad civil que “ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos”.

En cambio, la diputada del PRO Carmen Polledo planteó críticas a la iniciativa al afirmar que se debe “pensar en un sistema de etiquetado integral y completo” y dijo que por ese motivo se propuso en un dictamen “una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios”.

El cierre del debate, estuvo a cargo de la kirchnerista Florencia Lampreabe, quien destacó: “Esta ley es una herramienta de soberanía alimentaria. Detrás de lo que consumimos, está también el modelo de producción que alentamos. Para poder decidir primero hay que saber, una condición que hoy se encuentra empañada porque las empresas no van de frente y ocultan información básica”.

La precedió en la palabra el radical Alejandro Cacace, quien argumentó: “Hay un enorme aumento de la obesidad, una prevalencia del exceso de peso, una clarísima y abundante evidencia que marca la relación entre el incremento de los alimentos procesados y ultraprocesados con ese fenómeno de la obesidad y exceso de peso y la relación que tiene con las enfermedades no transmisibles, con la prevalencia de las enfermedades cardíacas, respiratorias, el cáncer y la diabetes”. Y se preguntó: “¿Entonces qué estamos esperando para regular esta problemática de salud?”

El tratamiento del proyecto comenzó con una demora de más de tres horas debido a que varios legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, presentaron pedidos de apartamiento del reglamento para incluir otros temas, aunque esas peticiones en su totalidad fueron rechazadas y se mantuvo el temario acordado entre los bloques políticos.

El dictamen de mayoría prevé la incorporación en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro con letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

Por otra parte, el proyecto establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia. Además, dispone que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.

Alivio fiscal

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y micro empresas (mipymes). Fue aprobado en el recinto por unanimidad de 198 votos afirmativos y ninguno en contra, en el marco de una sesión maratónica que se inició poco después del mediodía.

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonen las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a $ 100.000 para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054, y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Tropas extranjeras

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino y la salida de fuerzas nacionales para participar del Programa de Ejercitaciones combinadas durante un año, que ya contaba con sanción del Senado. El proyecto fue aprobado por 192 votos a favor y 2 negativos.

Los ejercicios se llevarán a cabo entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de agosto de 2022. Siete de los ejercicios serán llevados adelante por la Armada Argentina y 4 por la Fuerza Aérea y ni el Ejército ni el Estado Mayor Conjunto tienen en agenda actividades con otros países.

Trabajadores viñateros

También se avaló un régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola y de una reforma del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales en relación con la indemnización y la mensualidad que percibe el contratista. El proyecto sobre el régimen jubilatorio para los trabajadores viñateros se aprobó con 173 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo, Acción Federal, la izquierda y la mayoría de Juntos por el Cambio, aunque hubo 22 que correspondieron a esa fuerza política.

De acuerdo a esa iniciativa diseñada por la senadora mendocina del Frente de Todos Anabel Sagasti Fernández, los trabajadores de la actividad vitícola podrían jubilarse con 57 años cuando tengan acreditado 25 años de servicios. La contribución patronal respecto de las tareas referidas será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en dos puntos porcentuales.

Programa Nacional de Oncopediatría

La Cámara baja avaló un proyecto que establece la creación de un Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad en los menores de edad y garantizarle sus derechos. La iniciativa fue sancionada por 226 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los Interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo, Movimiento Popular Neuquino, Acción Federal y el Frente de Izquierda.

El debate fue observado por padres y madres que tienen hijos que padecen cáncer y venían reclamando la sanción de esta iniciativa y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes se ubicaron a escuchar el debate desde el palco de los invitados.

Ayuda para personas en situación de calle

Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle. El plenario legislativo sancionó esta iniciativa por 191 votos y 7 abstenciones que fueron aportados por el Frente de Todos, los Interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo, Acción Federal y la izquierda y la mayoría de Juntos por el Cambio, ya que la Coalición Cívica se abstuvo.

Se trata de una iniciativa del diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, que contempla la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.

El proyecto también establece la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y una “red nacional de centros de integración social” con formación y capacitación en oficios. Además se resuelve la creación de una red de Centros de Integración Social a escala nacional, “de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, 24 horas por día, todos los días del año”.

La iniciativa contempla la realización de un censo de personas en situación de calle, a cargo del Ministerio de Desarrollo en conjunto con el INDEC. En la actualidad no existe ningún relevamiento oficial que recabe ese tipo de datos a escala nacional y son las organizaciones sociales las que en muchos casos se han hecho cargo de ese trabajo.