Luego de más de tres años de debate, comenzó la etapa de alegatos en el Juicio Brigadas, en el que son juzgados delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como el ex Pozo de Banfield, el de Quilmes, la Brigada de San Justo y El Infierno de Avellaneda.
Los alegatos comenzaron este martes, en el marco de la audiencia 126. Gonzalo Miranda comenzó la exposición en representación de la Fiscalía y precisó que los 12 imputados están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 605 personas. “Se corresponde con los casos por los cuales pediremos condena entre los años 1974 y 1979”, detalló.
Remarcó que “este proceso penal involucra crímenes de Estado” y “produjeron un daño inconmensurable en numerosas personas como escuchamos en este juicio” que “impactó no solo en las personas que fueron secuestradas, torturadas, abusadas, privadas de la libertad, asesinadas o desaparecidos sino también a su entorno”. “La onda expansiva de terror y sufrimiento alcanzo niveles extraordinarios”, consideró.
Las víctimas
Ana Oberlin remarcó las dificultades para reconstruir algunos datos debido a la clandestinidad de las acciones criminales que sufrieron las personas que “fueron catalogadas como enemigas”. Precisó que algunas tenían militancia (en organizaciones armadas, políticas, sindicales, estudiantiles), otras integran grupos de empresarios, también hay niños y niñas (hijos de esas personas), otros menores que fueron apropiados (algunos recuperaron su identidad), mujeres trans y personas que fueron victimizadas por tener algún vínculo con personas catalogadas como enemigos.
La gran mayoría de las personas victimizadas fueron varones (50%), seguidos por mujeres cis, mujeres y trans. Se contempla el caso de un bebé nacido del cual no hay datos (0,2%). Más del 50 por ciento tenía entre 18 y 29 años; el 5%, 13 y 17; 3%, 0 a 12 años.
Explicó, asimismo, que el 61,7% de las víctimas sobrevivieron, un 31,2% se encuentran desaparecidas, el 5% fue asesinado (de 31, 30 estuvieron considerados como desaparecidos hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo identificar los restos), 1,7% fue apropiado.
También mencionó casos de personas que fallecieron luego de los hechos que se juzgan y otras que murieron durante el juicio. “Esperaban con anhelo prestar testimonio en este juicio y no pudieron hacerlo y en algunos casos fallecieron poco tiempo después de haber prestado testimonio”, remarcó Oberlin.
Más de un tercio de las víctimas tenían hijos muy pequeños, precisó la fiscal. En ese sentido, advirtió que “vivenciaron las violencias, recibieron las violencias de esos secuestros y quienes no lo hicieron sufrieron las consecuencias de la desaparición de sus padres, madres y en algunos casos de sus padres y madres”.
Por otra parte, detalló casi 500 personas nacieron en Argentina (82%), el 16% era extranjero (el 82% eran personas que huían de las dictaduras de sus países de origen en Latinoamérica) y del 6% no hay información. Todo, de acuerdo a datos de la Conadep, aclaró la fiscal.
Los hechos
Respecto a los hechos en particular, la mayoría de los casos ocurrieron en 1977 (42,5%) y 1976 (31,6%), pero hay casos de 1974 (2,8%), 1975 (11,4%), 1978 (9,9%), 1979 (1,3%) y hay un 0,5 por ciento de casos sin determinar.
El 75 por ciento fue secuestrado en localidades de la provincia de Buenos Aires, el 14 en la Ciudad de Buenos Aires y otros porcentajes menores en otras provincias. “La mayoría fue secuestrada en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resaltó.
Respecto a las modalidad, dio cuenta de la sistematicidad. “Todo se iniciaba con secuestros con muchísima violencia, especialmente en lugares que las personas habitaban con sus familias o en la vía pública y los lugares de trabajo”, precisó. Para el primer caso, el gráfico mostrado indica un 62%, 14% para el segundo y 8% para el tercero.
En la mayoría de los casos, los secuestradores estaban de civil pero también había uniformados. “Ingresaban rompiendo el acceso a la vivienda, sometiendo a distintas violencias y torturas a todas las personas que estaban en el lugar hasta que decidían llevarse a quien habían ido a buscar”, precisó. El horarios más utilizado era la madrugada y siempre estaban armados.
“Se produjeron verdaderos saqueos”, manifestó Oberlin durante la exposición, aludiendo a las viviendas pero también a los lugares de trabajo de las víctimas. Y aclaró que en la mayoría de los casos, había otras personas que vivenciaron las violencias; el 33% contempla a hijos e hijas.
Torturas
Respecto a las condiciones de vida de las víctimas, las calificó como inhumanas. Explicó que eran tabicadas y llevadas a los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, “que fueron uno de los tres ejes principales del terrorismo de Estado”. Allí fueron sometidos a condiciones de vida que configuraron torturas de distintas formas, como el hacinamiento, la privación de contacto con el exterior y otras personas, la privación de la visión, amenazas, golpes y la falta de atención médica, entre otras cosas.
Detalló a continuación las múltiples formas de tortura que les eran aplicadas a las víctimas en las primeras horas del secuestro y los días posteriores: aplicación de corriente eléctrica con picana, simulacros de fusilamiento, plantones (dejar días enteros a las personas paradas en algún lugar sin permitir que se apoyaran), teléfono (golpear en simultáneo los dos oídos), submarino (introducir la cabeza en agua o asfixia con una bolsa) y golpizas.
También mencionó las violencias por medios sexuales, “que sufrieron mayoritariamente las mujeres cis y trans pero que también sufrieron algunos varones”: desnudez forzada, abusos, violaciones y abortos. “Esto tiene que ser resaltado porque justamente es parte de lo que ha sido invisibilizado durante muchos años”, remarcó.
Además, mencionó que un 86 por ciento de las personas victimizadas continúan desaparecidas. El 14 por ciento fue identificado. Hizo foco en las consecuencias de las desapariciones en las vidas de las personas allegadas.
Centros clandestinos de detención
Miranda continuó con la exposición y dio cuenta de “dispositivos particulares” con un “rol nuclear de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE)”. Advirtió que “eran conocidos pero no se hablaba abiertamente de ellos” y “el modelo se orientaba a aterrorizar a las personas cautivas y la sociedad en su conjunto”.
“Se encontraban en zonas muy transitadas”, manifestó. Detalló que el 49% de los casos corresponde al Pozo de Banfield, el 41% al de Quilmes, el 17% a la Brigada de Lanús y el 10% a la de San Justo. Y brindó detalles de cada uno de estos espacios y las reformas que se realizaron para ocultar los hechos.
Respecto al Pozo de Banfield, recordó testimonios de algunos sobrevivientes para ejemplificar las condiciones en las que estaban secuestrados: sin luz, dormían en colchones ensangrentados, debieron beber su propia orina, no les daban agua ni de comer, debían defecar y orinar en el propio calabozo, además de las torturas a las que eran sometidos.
También detalló las terribles condiciones en las que las mujeres embarazadas debieron dar a luz en “la maternidad” de Banfield; incluso, debieron limpiar la camilla segundos después de haber parido y no tenían acceso a la comida, más allá de la solidaridad de sus compañeros de cautiverio, ni pañales o elementos de higiene para los recién nacidos.
Respecto al Pozo de Quilmes, precisó que sobrevivientes contaron sesiones repetidas de picana eléctrica mientras los torturadores se reían; que los sometían a escuchar torturas de otras personas, habló de simulacros de fusilamientos y mujeres que eran interrogadas de forma violenta mientras las obligaban a estar desnudas y luego eran violadas.
Oberlin retomó la exposición para hablar de El Infierno de Avellaneda y también hizo mención al testimonio de sobrevivientes. Aquí, como en el caso de Banfield, se tomó en cuanta la inspección ocular que se realizó. Detalló la falta de alimentos y agua, las torturas y violencias sexuales que padecieron las personas victimizadas aquí secuestradas.
En el caso de la Brigada de San Justo, la fiscal brindó los detalles del predio, de acuerdo al relato de testigos y especificó las condiciones de vida en este CCDyE.
Plan Cóndor
La representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que la dinámica represiva no quedó limitada al territorio nacional. Dio cuenta de una asociación ilícita entre las Fuerzas Armadas bajo el objetivo común de “destrucción del enemigo subversivo”, que facilitó un sistema de intercambio de información, interrogatorios conjuntos, desplazamiento de agentes entre los países (Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay) y el intercambio de personas secuestradas.
El contexto histórico
Miranda continuó con la exposición e hizo foco en el contexto en el cual se registró este plan sistemático. “Desde fines del 60 se implementan en Argentina distintas normativas, directivas y reglamentos del Ejército que, de manera progresiva, significaron en los hechos una persecución ideológica consolidad en un enorme aparato de inteligencia criminal“, sostiene la Fiscalía.
Y puso como ejemplo la Ley 16.970 que plantea bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional, que habla de recurrir a las fuerzas armadas para establecer el orden. También mencionó las leyes 16.984 (prohibición de la difusión de la ideología comunista), 17.401 (de partidos políticos prohibidos y represión del comunismo), 16.206 (declaró el estado de sitio en todo el país), 19.081 (uso de las FF.AA. para prevenir y combatir la subversión interna), 19.594 (control de las FFAA sobre las cárceles destinadas al alojamiento de personas condenadas o imputadas por hechos subversivos y terroristas).
Por otro lado, dio detalles de instructivos, como el de “la lucha antiguerrillas” del Ejército; la directiva para “pasar a la ofensiva en la lucha contra la subversión; y decretos que tenían como objetivo “reprimir la subversión” a partir de acciones del Ejército, el que crea un Consejo de Seguridad Interna, el que amplía las atribuciones del Consejo de Defensa y el que habla de una coordinación entre los distintos estamentos (Nación, Provincia, Municipio además de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales).
“El contexto en el que se enmarcan todos los hechos permite concluir sin duda alguna que tanto los hechos cometidos con anterioridad como los cometidos con posterioridad al 24 de marzo de 1976 constituyen delitos de lesa humanidad”, planteó Miranda.
La prueba testimonial
Oberlin aclaró que en algunos casos, además de la prueba testimonial hay otros elementos probatorios pero destacó que “se deben basar las conclusiones en lo que han dicho las personas que ofrecieron testimonio” e hizo mención a la destrucción de documentos y huellas en pos de garantizar la impunidad.
Y planteó que la no coincidencia completa y absoluta entre testimonios da cuenta justamente de la veracidad porque los hechos se vivencian desde el lugar de cada uno y en la reconstrucción pueden aparecer diferencias.
“También hay una cuestión que tiene que ver con algunos detalles que (testigos) no habían contado previamente y recién ahora están contando”, dijo, y marcó que hubo un cambio a la hora de tomar el testimonio desde los primeros juicios a la actualidad. “Es un cambio en la calidad de los testimonios”, destacó.
Los casos del Pozo de Banfield
Marías Esther Alonso, Dalmiro Ismael Suárez, Nelfa Rufina Suárez y Víctor Manuel “Toto” Taboada, secuestrados el 13 de noviembre de 1974. Víctor falleció producto de las torturas. María Esther fue liberada el 10 de marzo de 1975 y exiliada contra su voluntad en 1977. Dalmiro recuperó su libertad el 18 de octubre de 1983 y Nelfa fue puesta en libertad vigilada en enero de 1983.
Juan Alejandro Barry y Susana Mata, quien estaba embarazada al momento del secuestro. Ella y su hija fueron liberadas el 19 de marzo de 1975, mientras que Juan Alejandro fue puesto en libertad en los primeros meses de 1975. El 20 de diciembre de 1977 la familia se enteró que fueron asesinados por un grupo de tareas en Montevideo, Uruguay.
Lucía Deón fue secuestrada dos veces (el primero fue el 14 de noviembre de 1974 de un bar de Lomas de Zamora y el segundo en diciembre de 1978). En agosto de 1982 le dieron la libertad vigilada hasta las elecciones de 1983.
Carlos Payaslian y Jorge Antonio Saravia Acuña fueron secuestrados el 14 de noviembre de 1974 en Lomas de Zamora. En febrero de 1975 fueron liberados y se exiliaron. Jorge regresó al país y el 16 de febrero de 1976 lo volvieron a chupar. Sigue desaparecido.
Silvia Nieves Negro (embarazada de dos meses y medio al momento del secuestro) y Nélida Ramos fueron secuestradas el 15 de noviembre de 1974. A mediados de 1977 fueron liberadas.
Laura Rosa Franchi Sorsi, Mercedes Le Bozec y Juan José Stirnemann fueron secuestrados el 23 de noviembre de 1974 en la vía pública. Los tres sobrevivieron.
La Fiscalía mencionó el operativo de secuestro entre el 13 y 15 de mayo de 1975 de un grupo conformado por 32 personas (miembros del ERP). En Banfield fueron torturados y padecieron condiciones inhumadas, tormentos.
Héctor Domingo Bonnet recuperó su libertad en marzo de 1978; Osvaldo Alberto Martiñan (secuestrado el 12 de mayo de 1975 y liberado el 5 de junio de 1975) falleció antes de poder declarar en este juicio pero se utilizó uno previo; Miguel Ángel Hernández, Mirtha Isabel Salamanca, Raúl Osvaldo Llarul y Rita Liliana Aguelt son otros de los casos. Miguel Ángel y Raúl recuperaron la libertad en julio de 1980, Mirtha obtuvo la libertad vigilada en 1981.
Nilda Mabel Bega Acevey fue secuestrada el 12 de mayo de 1975 y en diciembre del año siguiente recuperó su libertad. Graciela Noemí Santucho, Luis Ruiz y Serla Wasserman fueron capturados el mismo día, Serla fue liberada en junio de 1977, Luis el 16 de octubre de 1982 y Graciela en septiembre de ese mismo año.
También figuran Germán Gargano (libertad vigilada en 1980), Eduardo Horacio Piva (liberado en 1980) y Graciela Susana Di Lauro (recuperó la libertad en 1978). Herminio Martínez Borbolla fue secuestrado el 13 de mayo de 1975 y el 11 de noviembre de 1976 recuperó la libertad.
Oscar Ricardo Geraci, Carlos Alberto Geraci y Graciela Susana Tigani fueron capturados el 13 de mayo de 1975. Los hermanos recuperaron la libertad y se exiliaron en Suecia, de Graciela se desconoce su destino. Rafael Runco fue secuestrado el mismo día y en 1980 recuperó la libertad y emigró a Gran Bretaña.
Isabel y María Leonor Ibarra fueron capturadas el 14 de mayo de 1975, el 3 de febrero de 1979 se exiliaron en Suiza. Norma Dolores Castillo y Raúl Daniel Arburua (murió antes del inicio del juicio) fueron secuestrados el 15 de mayo de 1975 y liberados el 19 de noviembre de 1980.
Margarita García Bonilla fue secuestrada a mediados de mayo de 1975 (no pudo ser localizada para testimoniar). Silvia Adriana Lemmi fue secuestrada en el mismo período (falleció en 2010). María José Sánchez Flores (no declaró por cuestiones de salud) y Ariel Rivadeneira (no fue localizado) son parte de este grupo de personas secuestradas en mayo de 1975.
Jorge Oscar Cardoso fue secuestrado el 16 de mayo de 1975 y trasladado a Banfield. El 11 de septiembre de ese año fue liberado y salió del país. Jorge Adalberto Nadal recuperó la libertad en 1980 y se fue a Francia. Pedro Andrés Caporale (no prestó testimonio porque falleció antes) fue secuestrado el 20 de mayo y liberado en marzo de 1978 y salió del país.
EL PRÓXIMO PASO
Los alegatos continuarán en la próxima audiencia, el 19 de diciembre.
IMPUTADOS
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu (a quien detuvieron en julio); Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barre y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Berges y Smart. En la audiencia 94 se sumaron acusaciones contra Juan Miguel Wolk, Alberto Candioti (tramo San Justo) y Antonio Castillo.
Miguel Ángel Ferreyro y Miguel Etchecolaz estaban imputados por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús (el primero) y por crímenes en el Pozo de Banfield, Quilmes y el Infierno de Avellaneda (el segundo). Ferreyro falleció en octubre de 2021 y Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022. Durante 2023 fue Eduardo Samuel de Lío quien falleció.
El juicio es transmitido por La Retaguardia.
EL JUICIO BRIGADAS
El juicio comenzó el 27 de octubre de 2020. En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo.
En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresarial en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.
El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.
La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.
El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.
La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.
Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez, fueron los tres testigos de la audiencia 30. El pedido de una ley que prohíba el negacionismo, en palabras de la nieta restituida, fue el cierre de la audiencia. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.
“No tener información certera, te carcome pero la única forma de poder sobrellevar esto es seguir buscando”, aseguró Miguel Santucho, quien busca a un hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su madre Cristina Silvia Navajas. También fueron parte de la audiencia 31 María Marta Coley, hija de Manuel Coley Robles, y Clara Fund, hermana de Juan Carlos Fund.
En la audiencia 32 declararon Fabio Acuña, quien era miembro de la Prefectura Naval Argentina cuando fue secuestrados, y Filemón Acuña, quien se desempeñaba en Peugeot al momento de su detención. Ambos dieron cuenta de su paso pos distintos centros clandestinos de detención del sur del Conurbano, entre otros, y su estadía en distintos penales, ya como presos políticos.
En la jornada 33 se escucharon los testimonios del nieto restituido Esteban Badell Acosta, quien dió detalles del secuestro de sus padres (María Eliana Acosta Velasco y Esteban Benito Badell) y la entrega (junto a su hermana) a un tío político, y el sovreviviente Miguel Hernández.
El juicio pasó a un cuarto intermedio por la feria judicial de invierno y se reanudó el 3 de agosto, con la declaración de Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto; Ramiro Poce, hijo de Ricardo y sobrino de Julio Gerardo Poce; y María Ofelia Santucho, sobreviviente al genocidio y sobrina de Roberto Santucho. El reclamo de los restos mortales de los militantes fue el común denominador. El “qué hubiera pasado/sido”, también fue central en la declaración de las mujeres.
En la audiencia 35 declararon Haydeé Lampugnani, quien estuvo detenida en El Infierno, entre otros centros clandestinos, y su hijo Gervasio Díaz. “Somos una familia diezmada por la represión”, advirtió ella. El tercer testimonio fue el de Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, secuestrada con cuatro meses de embarazo. Aún espera poder conocer a su sobrino o sobrina, que debió nacer en febrero o marzo de 1977.
El siguiente martes prestaron testimonio Jorge Barry, hermano del desaparecido Enrique Barry, y Claudia Congett y Patricia, hijas de Jorge Congett. “Ni siquiera nos dan la tranquilidad de saber dónde están los restos de nuestro padre”, admitió Patricia, quien reclamó que se investiguen los restos hallados en un sector del cemenerio de Avellaneda.
En la audiencia 37 declararon la hija y la entonces pareja de Ricardo Chidichimo, desaparecido, y el sobreviviente Rubén Ares, quien era policía cuando fue secuestrado y torturado. “Cárcel común y efectiva”, fue el pedido de Cristina del Río, mientras que su hija contó el camino de búsqueda que emprendieron tras su desaparición. “Si el duelo es difícil, no se imaginan un duelo sin cuerpo”, expresó Florencia.
Lautaro y Laura Lafleur, hijos del desaparecido Gustavo Lafleur, y la sobreviviente Patricia Eva Rinderknechet prestaron testimonio en el marco de la audiencia 38 del Juicio Brigadas. “Es muy difícil explicar que alguien desaparece de golpe y no se sabe nada más”, advirtió la hija de Gustavo, quien hizo hincapié en “la ausencia” y la necesidad de saber qué pasó con su papá, cuyos restos no fueron encontrados aún.
En la siguiende audiencia declararon María Cristina Jurado, hermana de una detenida-desaparecida; David Nillni, quien declaró por su pareja Inés María Pedemonte; y un tercer testigo que no fue transmitido. “Cuando una persona es desaparecida forzozamente, es deportada, es trasladada, es igual que lo que hicieron los nazis. Y eso se llama terrorismo de Estado”, advirtió el hombre, quien aclaró que “pasaron 45 años de este hecho, pero la herida no está cerrada”.
En la audiencia 40 declararon Oscar Ernesto Solís, sobreviviente al genocidio, y Luis Fernando Peredes, testigo por Jorge Mendoza Calderón. “Yo me he sentido culpable de que me liberaron cuando otros compañeros se quedaron en el camino”, admitió Solís, quien estuvo detenido junto a su hermano, Alberto Mario, en la Brigada de Lanús.
Silvia y Claudia Gorban declararon en la siguiente jornada, ambas estuvieron secuestradas en El Infierno de Avellaneda, y relataron su paso por el centro clandestino de detención. “De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años que no me olvide que por ser judía mis bisabuelos fueron cremados en los campos de concentración nazis, hoy les pido a mis hijos y sobrinos que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina”, expresó Claudia al solicitar el certificado al tribunal.
En la audiencia 42 declararon Silvia Caveccia, por la desaparición de Miguel Ángel Calvo; Yamil Robert y Norberto Borzi, hermanos de desaparecidos. “Camps, Etchecolatz y Bergés fueron a la casa, se querían llevar a los chicos”, recordó el hermano de Oscar Isidro Borzi. El cuerpo de Norma Robert fue hallado, con un tiro en la cabeza, en una fosa común del cementerio de San Martín.
Luego fue el turno de los hermanos Juan Domingo Díaz, Juan Antonio, Bonifacia del Carmen y Víctor Hugo, quien era miembros de Montoneros, escapó del Regimiento de La Tablada y sobrevivió a un enfrentamiento con militares. “La resistencia se vivió en dos planos, los que estábamos organizados en una agrupación política y la resistencia familiar”, expresó.
La jornada 44 contó con el testimonio de dos hermanos de detenidos desaparecidos. Luis Ángel Pérez, hermano de Héctor Pérez, cuyos restos fueron identificados en 2009, advirtió: “No hay palabras para decir que a uno le roban a su hermano o a su hijo”. Martín Carriquiriborde, hermano de Gabriela, quien fue secuestrada el 30 de septiembre de 1976 junto a su pareja Jorge Orlando Repetur, señaló que siguen buscando al niño o niña que debió nacer en diciembre de ese año. “Estamos siempre expectantes de poder encontrarlo”, precisó.
En las dos siguientes audiencias declaró Ernesto Borzi, hijo de Oscar Isidro Borzi. En la primera, relató el momento en que los represores Jorge Antonio Berges, Ramón Camps y Miguel Etchecolatz discutían porque querían llevarse a los tres hermanitos. Él tenía 7 años; Luis Alejandro, 6 y Juan Manuel, 3. El mismo testimonio brindó su tío Norberto Borzi tres audiencias atrás. En la segunda, reclamó que se realicen más audiencias por semana para que los represores no mueran impunes, luego de que se conociera la muerte de Ferreyro.
La audiencia 47 fue unificada con el Juicio Garachico y declararon Víctor López Muntaner, hermano de uno de los detenidos en La Noche de los Lápices, y Walter Docters, quien ya había prestado testimonio en este juicio. En la jornada 48, en tanto, expusieron los otros dos hijos de Oscar Borzi, Juan Manuel y Luis.
En la jornada siguiente declararon Horacio Matoso y Hugo Marini, ambos sobrevivientes. Matoso estuvo en El Infierno y recordó las torturas sufridas por otros detenidos, como quemaduras con soplete y clavos en las uñas de los pies. Marini declaró por Liliana Ross, quien estaba embarazada de cuatro meses cuando fue chupada y estuvo detenida en El Pozo de Banfield. Su embarazo no llegó a término porque fue asesinada.
La audiencia 50 contó con testimonios de familiares de Juan Carlos Abachian, conocido como El Armenio. Mercedes Loyarte era su pareja al momento de la detención, tuvo que huir del país junto a su beba y advirtió que “el exilio es un desarraigo enorme”. Rosario tenía 8 meses cuando su papá fue desaparecido y agradeció que “se esté haciendo justicia”, mientras que la hermana de Juan Carlos, Marta Susana, advirtió que aún hoy no saben qué pasó con él.
En la audiencia siguiente declararon Alfredo, Renato y Guillermo Forti, hijos de Nélida Azucena Sosa de Forti, quien se encuentra desaparecida. Ella y sus cinco hijos fueron secuestrados cuando estaban en un avión a punto de despegar con destino a Venezuela. Estuvieron seis días detenidos en el Pozo de Quilmes y fueron liberados, pero su madre fue trasladada a otro centro clandestino de detención, en Tucumán. Alfredo reclamó que se juzguen a los civiles que tienen responsabilidades.
Dos destigos declararon en la audiencia 52 del Juicio Brigadas. Se trata de Fabián Muñoz, quien contó el secuestro de toda su familia y la búsqueda de Silvia (una de sus hermanas que estaba embarazada) y su sobrino o sobrina que debió nacer en el Pozo de Banfield; y Ana Laura Mercader, hija de Anahí Silvia Fernández y Mario Mercader, ambos secuestrados y asesinados. Los restos de ambos fuero identificados en 2009. “Los hijos e hijas hemos pasado nuestra vida intentando completar, completar nuestra identidad, nuestra historia, proyectos familiares, nuestras descendencias”, admitió.
La audiencia 53 contó con el testimonio de Ana María Caracoche, quien fue secuestrada y sus hijos fueron apropiados, y de los hermanos Eduardo, Ricardo y Gerardo D´Ambra, hermanos de Alicia D´Ambra, quien continúa desaparecida. “Los chicos fueron botín de guerra”, lamentó Ana María, quien contó el camino para poder reencontrarse con los nenes. Las querellas, en esta ocasión, solicitaron más audiencias por semana en la continuidad del juicio (2022) y que sean semipresenciales.
Tras la feria judicial de verano, se realizó una inspección ocular en El Infierno de Avellaneda. En la audiencia siguiente declaró Pedro Cerviño, sobreviviente del genocidio, quien compartió cautiverio Nélida Azucena Sosa de Forti en la jefatura de Policíua de la capital tucumana.
La audiencia 55 del Juicio Brigadas contó con el testimonio de Fernando García, sobreviviente del Pozo de Quilmes; y Diego Genoud Santucho, hijo de Manuela Santucho, quien permanece desaparecida. “Es una guía permanente pese a la ausencia”, admitió Diego. El testimonio de García aportó el dato de una mujer embarazada detenida en Quilmes, de quien no se tenía dato alguno hasta el momento; de hecho, no aparece como víctima en este juicio.
En la siguiente jornada declararon Roberto Redoldi, por la desaparición de Alfredo Patiño, y Sergio Maly, hijo del sobreviviente Alberto Maly. Ambos detenidos estuvieron en el Pozo de Quilmes. Sergio, además, contó su detención en Campo de Mayo. “Esto que hago hoy (declarar) no lo hago por venganza ni por odio, lo hago por justicia”, aseguró.
Gustavo Calloti y José María Noviello fueron los sobrevivientes que prestaron declaración en la audiencia 57, que fue semipresencial. Ambos estuvieron secuestrados en el Pozo de Quilmes y pasaron por la comisaría de Valentín Alsina antes de ser legalizados.
En la audiencia 58 declararon Martín Horacio Cañas y Mónica Huchansky, fue por sus hermanos Santiago y Patricia, respectivamente. Ambos estuvieron en el Pozo de Banfield. En el final del testimonio, Mónica renovó el reclamo de cárcel común y efectiva para los represores.
En la siguiente jornada declararon tres familiares de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar que estuvieron cautivos en el Pozo de Banfield. Se trata de Alejandra Mobili, hermana Ana María, quien permanece desaparecida, y los hijos de ella con José Roberto Bonetto, Martín y Ana Julia. “De Roberto encontramos los restos pero de mi hermana no se nada. Me gustaría encontrar los restos para que estos chicos cierren la historia de sus padres”, mencionó Alejandra, quien crió a Martín, mientras que Ana Julia creció en la casa de la tía paterna.
En la audiencia 60, el TOF 1 de La Plata escuchó el testimonio de los tres hijos de Adriana Calvo, quien estuvo detenida en el Pozo de Banfield junto a su beba -nacida en el traslado al CCDyE-. Martina, Santiago y Teresa dieron cuenta del miedo que vivieron durante toda su vida, que cobró fuerza con la desaparición de Julio López en 2006. “Nací desaparecida y torturada”, fue la presentación de la menor de los hermanos, la beba que pasó de celda en celda en el predio también conocido como “la maternidad de la dictadura”.
En la jornada 61 declararon Rosaria Isabella Valenzi, hermana de Silvia Mabel Isabella Valenzi, y manifestó que sigue activa la búsqueda de su subrina, quien nación el 2 de abril de 1977 en el hospital Iriarte de Quilmes. Alicia Galeano y Nancy Rizzo, hijas de Héctor Galeano y José Rizzo, hicieron foco en la no identificación -a 46 años del golpe cívico-militar- de dos cuerpos hallados en una excavación en el cementerio de Isidro Casanova. Fue allí donde estaba enterrado como NN José y Alicia cree que su padre puede ser uno de ellos.
En la continuidad del juicio se escucharon cuatro testimonios. Se trata de la sobreviviente Lidia Papaleo, los familiares de desaparecidos Sara Agüero y Rafael María Perrota, y el médico Justo Horacio Blanco, quien atendió el parto de una joven desaparecida (Silvia Valenzi) en un hospital de Quilmes, cuya beba nunca fue entregada a la familia y aún es buscada.
En la audiencia 63 se escuchó el testimonio de Ana Soledad Rodríguez Futulis, hija de Laura Inés Futulis y Miguel Eduardo Rodríguez. Relató cómo fue crecer sin sus padres, en un hogar en el que la violencia era moneda corriente. “La dictadura rompió absolutamente todo”, planteó. La segunda testigo fue Marta Ríos de Patiño, quien por su compañero desaparecido Alfredo Patiño, quien era trabajador de Siat y Molinos Río de La Plata.
En el marco de la audiencia 64 del Juicio Brigadas declaró María José Lavalle Lemos, hija de Mónica Lemos y Gustavo Lavalle. Ella nació en el Pozo de Banfield y fue apropiada. Recuperó su identidad en 1987. También prestaron testimonio su hermana, María, quien también pasó por el CCDyE porque fue llevada junto a sus padres, y la sobreviviente Liliana Zambrano.
Mónica Streger, hermana de una víctima; José Eduardo Moreno, sobreviviente y familiar; Alejandra Castellini, hermana de una desaparecida; y Clara Petrako, quien busca a su hermana nacida en cautiverio y apropiada, prestaron testimonio en la audiencia 65. El reclamo de celeridad se repitió. Dos testigos declararon de forma presencial y dos de forma virtual, en lo que fue la cuarta audiencia semipresencial del juicio.
En la audiencia 66 declararon Rebeca Krasner, secuestrada junto a su compañero que permanece desaparecido; Graciela Nordi, compañera de militancia de Susana Mata; y Rubén Fernando Schell, quien advirtió que estos juicios son “carreras contra el tiempo”, aludiendo a la muerte de compañeros pero también de genocidas que “mueren inocentes porque no hay condena”.
“Toda esa gente, que tiene poder, está con prisión domiciliaria”, advirtió Ramón Raúl Romero, el primero en declarar en la audiencia 67 del Juicio Brigadas. De esta forma, expresó su temor, y el de su familia, por declarar en este proceso y recordó la desaparición de Jorge Julio López en plena democracia. También declaró la sobreviviente Norma Leanza y la compañera de Roberto Fidel Yantorno, asesinado.
En la audiencia 68 declararon Miriam Gerelli, María Celeste Gutiérrez Gerelli, Juan Carlos Gutiérrez, Soledad Dossetti y María de las Mercedes Gallo Sanz. Éstas últimas hijas de detenidos desaparecidos uruguayos. Se pidió información, además, por traslados de presos políticos en lancha hacia el país vecino.
“Los gritos de los torturados eran permanentes”, advirtió Alberto Derman, uno de los cuatro testigos de la audiencia 69, que fue semipresencial. Fue secuestrado en dos oportunidades y llevado al Pozo de Quilmes. En la audiencia reclamó que se juzgue a los civiles que fueron cómplices. También declararon Marta Catanese, hija de Jorge Antonio Catanese, y la compañera y la hija de Carlos Enrique Hold, Natalia y Laura Donato.
En la audiencia 70 prestaron testimonio los sobrevivientes Jorge Hueman y Francisco García Fernández; Dardo Artigas, hermano de Asunción Artigas Nilo y tío de María Victoria Moyano Artigas, restituida en 1987; y Norma Molina, compañera de Roberto Laporta. “Este delito atroz de la desaparición no nos permite a nosotros cerrar el duelo”, admitió Artigas.
“Mi vida fue una pesadilla, me sacó la militancia”, aseguró Oscar Duarte, en el marco de la audiencia 71. Relató el secuestro, las torturas, el después y la lucha contra las drogas. También declararon Oscar Luis Veigas, sobreviviente; Doménico Favazza, sobreviviente y hermano de Felipe Antonio; y Alejandro Corchs Lerena, hijo de Elena Lerena y Alberto Corchs, uruguayos desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar.
En la siguiente jornada declararon los sobrevivientes Oscar Herrera, Héctor Arias Anichinni y Adriana Chamorro. “Tengo la obligación de recordar”, advirtió la mujer. También habló de los traslados de uruguayos a Uruguay, por lo que se pidió que se libre un oficio a la Justicia del vecino país. También declararon el hijo y la hermana del desaparecidos Guillermo Sobrino Berardi, Pablo y Graciela.
En la audiencia 73 (semipresencial) prestaron declaración María Graciela Borelli Cattáneo, hermana de Raúl Edgardo Botelli Cattáneo; Carlos D´Elía Casco, hijo de Julio D´Elía y Yolanda Casco; Paula Logares, hija de Mónica Sofía Grinspon y Ernesto Claudio Logares; y el sobreviviente Juan Berdún Cardozo. Paula es la primera nieta restituida y repitió el pedido de muchos: sabér qué pasó con sus padres y dónde están los cuerpos.
El siguiente martes, el TOF escuchó los testimonios de los sobrevivientes Graciela Gribo, Néstor Zurita, Norberto Liwsky y Osvaldo Luis Abollo. También declaró Verónica Natalia Martínez Severo, hija de uruguayos desaparecidos. “El miedo es algo que te queda instalado porque fuimos sometidos a hechos que nos conectaron con lo más terrible de la monstruosidad”, planteó Gribo, mientras que Verónica habló de la “destrucción familiar”.
Marta Ensañat, una de las testigos de la audiencia 75 advirtió que “los ideales por los que fueron asesinados serán guía para las futuras generaciones”. Declaró por la desaparición de su pareja Miguel Ángel Río Casas, uruguayo desaparecido en diciembre de 9177. También declaró su hijo Valentín. Los otros dos testimonios fueron de Afredo D´ Alessio, sobreviviente y hermano del desaparecido José Luis D´Alessio, y su hijo Francisco.
En la siguiente jornada declararon los sobrevivientes Dalmiro Suarez, Nelfa Suárez y Silvia Negro, y la nieta restituida Victoria Moyano Artigas. “Espero haber aportado, buscamos justicia y la verdad. Que haya un registro de lo que pasó y que las condenas estén a la altura”, advirtió la mujer, nacida en la maternidad clandestina del Pozo de Banfield.
Araceli Gutiérrez, hermana de Amelia Isabel Gutiérrez, y Natalia Ledesma Gutiérrez, hija de Isabel y Juan Carlos Ledesma, declararon en la audiencia 77. Los dos pasaron por el Pozo de Banfield y permanecen desaparecidos. La última en prestar testimonio fue la sobreviviente del Pozo de Banfield Mery Quisdert.
En la audiencia 78 declararon María Raquel y Mariano Camps Pargas, hijos de una pareja secuestrada en Lomas de Zamora, y los sobrevivientes Washington Rodríguez, quien confirmó la presencia de fuerzas federales en interrogatorios, y Felipe Favazza, quien fue expulsado junto a su hermano Domingo del país. “Pasé mi infancia casi sin saber lo que nos había pasado”, dijo la mujer durante la audiencia. En todos los casos, el Pozo de Quilmes fue lugar de cautiverio.
En el marco de la audiencia 79, declaró Claudia Bellingeri por Liliana Galetti y reclamó por todas aquellas víctimas del terrorismo de Estado que no fueron identificadas en centros clandestinos de detención y exterminio. “Del total de las víctimas secuestradas, el 46 por ciento no ha tenido la suerte de ser vista”, advirtió la mujer. También declararon los hermanos Alejandro Rómulo y Carlos Alberto Iaccarino, quienes pasaron por El Infierno de Avallenada.
En la jornada 80 declararon tres sobrevivientes al genocidio y el hijo de una de las víctimas. Se trata de Darío Machado y Daniel Wejchenberg, ambos pasaron por la Comisaría de Monte Grande antes de ser legalizados y finalmente liberados; Luis Taub, quien relató las torturas que sufrió tanto él como su padre en El Infierno, donde pudo ver “una cantidad de gente apilada que estaba muerta”; y Julio Cabrera, hijo de Julio Washington Cabrera que pasó por el Pozo de Banfield. “Sigo viendo que ese odio (de clase) continúa”, advirtió Machado.
En la jornada siguiente hubo dos testimonios, el del sobreviviente Luis Alberto Ortiz, quien advirtió que el motivo de su secuestro fue el reclamo de mejoras salariales en Peugeot, y el de Verónica Morales, quien declaró por la desaparición de Cristóbal Augusto Dedionigi De La Rosa y el secuestro de sus dos padres.
Cecilia Della Flora, hermana de José María, y Sergio Szajnbaum, hermano Saúl Jaime, fueron los dos testigos de la audiencia 82, ya que el tercero tuvo que se reprogramado por problemas de conectividad. Se trata de detenidos que continúan desaparecidos y fueron vistos en El Pozo de Quilmes y el de Banfield, respectivamente. “Mi madre lo sigue esperando con vida”, admitió Cecilia.
En la jornada 83 declararon el sobreviviente Luis María Armesto, quien fue secuestrado junto a su padre (Julio) y pasó por el Pozo de Banfield, y Walter Washington Pernas Pereira en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, quien brindó detalles de la investigación que se sigue en el vecino país por el traslado de detenidos desaparecidos entre ambos países.
Olga Beatriz Miranda, sobreviviente; Guillermo José Luis Cometti, sobreviviente; Estela Orfilia González, familiar de desaparecidos, fueron los testimonios de la siguiente audiencia, más uno cuyo protagonista pidió que no se difundiera. “Mi suegra estuvo más de 40 años esperando a su hijo”, lamentó Estela, mientras que Guillermo pidió que este juicio “lleve a un final feliz”, aludiendo a condenas efectivas.
En la audiencia 85 declararon la sobreviviente María Teresa Serantes Lede, quien expuso sobre los tormentos sufridos y los abusos sexuales a los que fue sometida durante su estadía en el Pozo de Quilmes; la médica psiquiatra Lucía Edelman, quien analizó el impacto de la dictadura en la sociedad y lo que significa para los sobrevivientes declarar en los juicios; y el testigo de contexto Raúl Olivera, quien ahondó en la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay.
Dos testimonios se escucharon en la audiencia 86, que fue semipresencial. Fausto Humberto Bucchi dio precisiones del operativo en el que fueron secuestrados los uruguayos Edmundo Sabino Dossetti Techeira e Ileana Sara M. García Ramos -y abandonada su hija Soledad- mientras que el sobreviviente Diego Barreda, secuestrado el 14 de julio de 1978.
El siguiente martes, en tanto, se realizó la inspección ocular en el Pozo de Banfield, ubicado en Vernet y Siciliano. Participaron, además de los magistrados, sobrevivientes y autoridades de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Vale recordar que la Secretaría de DD.HH. bonaerense es querellante.
La Audiencia 88 contó con la declaración de Valeria del Mar Ramírez, la primera mujer del colectivo travesti-trans en constituirse como querellante en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en las brigadas de la zona sur del Conurbano (Quilmes, Lanús con asiento en Avellaneda y Banfield). Dio detalles de los tormentos a los que fue sometida: era violada todos los días y amenazaron con utilizar una rata en sus vejaciones. Además, declararon los sobrevivientes Santos Boria y Eduardo Castellano.
La audiencia 89 contó con el testimonio de Néstor Bolomo, amigo de José Luis D´Alessio; su sobrina Florencia y su hija Malena, quien expresó el drama de vivir con el silencio de la época y la lucha que tuvo que dar internamente y en el seno familiar. Recién a los 16 años pudo habar del tema y calificó como “una victoria” poder ser querellante en la causa unificada conocida como Juicio Brigadas. El Bebe, como lo conocían todos, sigue desaparecido.
En la audiencia 90 declararon familiares del imputado Guillermo Barré. Sus hijas Miriam y Nancy se mostraron “orgullosas” por la carrera de su padre, mientras que la esposa Josefa consideró que “es injusto” el proceso que le sigue “por delitos gravísimos que no cometió”. Hubo otros dos testigos de la defensa. En la siguiente audiencia, que se realizó pese al feriado, declararon dos testigos que son familiares de víctimas de secuestros en los que intervino y un amigo de la familia. Un testimonio similar se escuchó en la última audiencia del año, que se extendió por algunos minutos.
En la audiencia 93 declaró Laura Treviño, hermana de Víctor Treviño; mientras que en la siguientes dos (94 y 95) se les dio la oportunidad de ampliar la declaración a los imputados y se anunciaron nuevas acusaciones en función de los testimonios recolectados durante este proceso. Todos se negaron.
En la jornada siguiente, Jorge Antonio Di Pasquale amplió su declaración indagatoria y respondió preguntas. Aseguró que no hubo un plan sistemático de exterminio, tortura ni de apropiación de menores sino que “hubo una guerra revolucionaria”. En la audiencia también prestaron testimonio Carolina Ghigliazza, hija de desaparecidos, y la sobreviviente Mercedes Alvariño Blanco.
En la audiencia 97 declararon el sobreviviente Humberto Sartirana; Jorge Amarilla, Nora Pereyra y Héctor Fernández; José Pablo Cáceres, hijo de desaparecidos; y el testigo de contexto sobre los delitos cometidos contra la comunidad de gays, lesbianas y trans, Flavio Rapisardi.
En la audiencia 98 declararon los sobrevivientes Raúl Esteban Santos y Juan Velázquez Rosano, quienes contaron su paso por El Infierno de Avellaneda; Mónica Beribey y Santiago Ortíz de Murúa, familiares de Blanca Ortíz de Murúa; Ana Gallart, hermana de Fernanda; y Laura Vassena Zavalla, hija de Raúl Fénix Vassen.
En el marco de la audiencia 99, el Tribunal escuchó los testimonios de los sobrevivientes Oscar y Carlos Geraci, Rafael Runco y Norma Castillo. Todos pasaron por el Pozo de Banfield y relataron los tormentos sufridos allí.
En el marco de la audiencia número 100, declararon dos testigos de contexto, Ana Solari Paz y Cristian Prieto Carrasco, quienes expusieron sobre la persecución y criminalización de la comunidad LGBTQ. También declararon la sobreviviente Isabel Ibarra, quien estuvo detenida en el Pozo de Banfield, y Pablo Estévez, familiar de detenidos desaparecidos.
En la siguiente jornada prestaron testimonio varias sobrevivientes, que estuvieron detenidas en el Pozo de Banfield y pertenecen al colectivo travesti-trans. Se trata de Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Analía Velázquez, Marcela Viegas Pedro y Julieta Alejandra González. Todas contaron las violaciones sistemáticas a cambio de comida. También declaró Marlene Wayar, psicóloga social y activista del colectivo.
En la audiencia 102 declaró los sobrevivientes Julio Mogordoy y Héctor Bonet; María de las Mercedes Estévez, familiar de detenidos desaparecidos; Ana Manzotti Percivati Franco, hija de María del Carmen Percivati Franco y Daniel Aldo Manzotti, quienes permanecen desaparecidos; y hubo otro testimonio que no fue transmitido.
En la audiencia 103 declararon testigos de las defensas de Enrique Barre y Carlos Fontana; entre ellos, Luis Firpo, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, en el marco de la causa conocida como Contraofensiva.
En el marco de la audiencia 104 se escucharon testimonios de dos sobrevivientes, luego de que se leyera la acusación a Julio César Candioti (anunciada algunos semanas antes) por el tramo San Justo. El imputado se negó a declarar.
En la jornada siguiente declararon el sobreviviente Eduardo Nieves y familiares de los detenidos-desaparecidos que sobrevivieron Néstor Barberan, Manuel y Marcelo Casco. En todos los casos, estuvieron detenidos en la Brigada de San Justo.
En el marco de la audiencia 106 del Juicio Brigadas, declaró Miguel Isaac Berenstein, quien fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar. Estuvo en la Brigada de San Justo, donde sufrió torturas.
En la siguiente audiencia se sumaron casos que corresponden al Pozo de Quilmes. Los ocho imputados se negaron a declarar.
Los sobrevivientes Mabel García y Néstor Rojas declararon en la audiencia 108. Ambos contaron los tormentos a los que fueron sometidos y ella apuntó contra Jorge Antonio Bergés, y reclamó que esté en una cárcel común y no en su casa. También prestó testimonio Laura Garack, hija de Beatriz Lenain y Carlos Eduardo Garack, y una amiga de Beatriz.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó en la siguiente audiencia los testimonios de los sobrevivientes Julio Daniel Chachagua, Rodolfo Horacio Monzón y Alfredo Ramos; el de Carolina Ortiz, hija del desaparecido Pedro Alberto Ortiz, y el de Alicia Susana Quiroz, viuda de Horacio Rapaport.
En el marco de la audiencia 110, el Tribunal escuchó el testimonio de los sobrevivientes Juan Miguel Bougnet y Hugo García; Amanda Cuevas, hermana de César Maza, desaparecido; allegados al apropiador de Pedro Luis Nadal García; y Mónica Rúa, hija de dos sobrevivientes que estuvieron en Quilmes pero ya fallecieron.
En el marco de la audiencia 111, se escuchó el testimonio del nieto recuperado Pedro Nadal García, quien recuperó su identidad en 2004. Contó la historia de su madre, Hilda, y el camino que tuvo que recorrer para recuperar su identidad y conocer su historia familiar. También declaró la sobreviviente Susana Capobianco y Silvia Cartasso, quien ahondó en la historia de Hilda Magdalena García.
No hubo audiencias por vacaciones de invierno, pero el proceso se reanudó el 1 de agosto con los testimonios de Valeria Tamarasco, Isabel Simón, María Leonor González Martínez, Cástulo Bogado y Miguel Ángel Mouche. “Es reparador”, aseguró Leonor en torno a los juicios. En la siguiente jornada se realizó la inspección ocular en el ex Pozo de Quilmes.
En la audiencia 113 declararon los sobrevivientes Graciela Beatriz Gómez, Mario Antonio Santucho y su hermana Marcela, Alfredo Martínez Gálvez, Carlos Brandli y Juan Carlos Uñates. También prestaron testimonio Gustavo Zurbano, allegado a detenidos desaparecidos, y Javier Francisco Lorea, familiar. “Amenazaron con matarme, el único bebé que había, si no colaboraban”, señaló Santucho respecto al operativo en su casa. Tenía apenas nueve meses de vida.
El 22 de agosto, con la declaración de dos sobrevivientes (Atilio Portillo Servín y Francisco Gutiérrez) y un testigo de contexto, se dio por finalizada la etapa testimonial.
El juicio continuó el 5 de septiembre con la ampliación de la acusación, sumando nuevos casos e imputaciones de delitos no contemplados anteriormente, a cargo de la Fiscalía. Entre los casos que piden que se sumen se destaca el de Daniel Santucho, nieto recuperado 133. En la audiencia 116 y 117 se sumaron ampliaciones de querellas, pero en la última uno de los imputados rechazó la participación de la fiscal Ana Oberlin en el juicio. La ampliación finalizó el 26 de septiembre con la exposición de Claudio Yacoy.
En la audiencia del 10 de octubre, Augusto Garrido, defensor de Enrique Barre, negó su participación en las nuevas acusaciones. “Se mencionan nuevos hechos, nuevas víctimas pero no hay ninguna referencia a la autoría responsable de Barré con relación a esos nuevos hechos”, dijo.
Gastón Barreiro, defensor público, se opuso a la ampliación de las acusaciones efectuadas tanto por el Ministerio Público como por las partes querellantes, en el marco de la audiencia 120 del Juicio Brigadas, y solicitó la nulidad.
En la siguiente jornada, querellas y Fiscalía expusieron respecto al planteo del defensor y rechazaron el planteo de nulidad.
En la audiencia 122, el Tribunal anunció que aceptó la ampliación de las imputaciones y brindó a las defensas la posibilidad de exponer, una de ellas pidió extender el plazo para preparar la defensa. Por el pedido, se anunció que la siguiente jornada sería el 21 de noviembre.
En el marco de la audiencia 123, dos imputados prestaron declaración indagatoria y otros dos se negaron a declarara. “Ustedes no son mis jueces naturales”, aseguró Héctor Di Pasquale. También declaró Jorge Antonio Bergés. Federico Minicucci y Enrique Augusto Barre se negaron a declarar.
“Buscan venganza y resarcimientos económicos”, aseguró Guillermo Domínguez Matheu, en su declaración indagatoria de la última audiencia de noviembre. También expusieron Jaime Lamont Smart, Carlos Gustavo Fontana y Carlos Romero Pavón.
En la audiencia 125 continuó la declaración de Carlos Romero Pavón, pero también lo hicieron Julio Alberto Candioti, Juan Miguel Wolk, Roberto Balmaceda, Horacio Luis Castillo y Jaime Lamont Smart. Todos negaron su participación en los delitos de lesa humanidad que les son imputados.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. Se ubica en 12 de Octubre 234.
La Brigada de San Justo pertenecía al denominado circuito represivo Camps de la Subzona 11 y Zona I, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército. Estaba ubicada en Salta 2450, en San Justo, partido de La Matanza, contiguo a la Comisaría 1. Cumplió funciones de reunión, traslado y extracción de información a través de la privación ilegal de la libertad, la tortura y los abusos sexuales. No fue solo un lugar de transferencia, se acreditó que también que fue un centro de exterminio de prisioneros.
