El conflicto en las universidades públicas se extiende y pese a que el Gobierno se niega a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (como indicó la Justicia), intima a los rectores por las medidas de fuerza adoptadas, de cara a la nueva Marcha Federal Universitaria.
La cartera de Capital Humano “ha intimado a los Rectores a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.
Todas las medidas de fuerza son en reclamo del cumplimiento con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada por el Congreso. De hecho, el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a una Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo próximo.
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Pese a hacer oídos sordos a este reclamo, que contempla partidas para el gasto de funcionamiento y salarios de docentes y no docentes, el Gobierno indica que “se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país”.
En este escenario, le reclama a los rectores que “se informe un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan a los estudiantes que recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regulatidad ni la mesa de examen”.
“Los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho a enseñar y aprender“, concluye el comunicado.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/RgmcVe588B
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 27, 2026
Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno en 2024. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró confirmar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades, y ahora el Gobierno dilata la resolución del conflicto.
