Dos sobrevivientes a la dictadura y el hijo de una sobreviviente y un detenido desaparecido declararon este martes, en el marco de la audiencia 35 del Juicio Brigadas. “Somos una familia diezmada por la represión”, advirtió Haydeé Lampugnani, quien estuvo detenida en El Infierno, entre otros centros clandestinos de detención, y su hijo Gervasio, quien comentó cómo fue la vida tras la desaparición de su padre Guillermo Díaz y el secuestro y reencuentro con su madre. También prestó declaración Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, secuestrada con cuatro meses de embarazo. ”
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. El juicio es transmitido por La Retaguardia.
El primer testimonio fue el de Haydeé Lampugnani, quien estuvo detenida en la Brigada de Investigaciones de Lanús entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 1976. El día del secuestro, ella no estaba en su casa, porque días antes habían chupado a su suegro (Rafael Díaz Martínez) y su cuñado (Juan Domingo Plaza, sobrino del en ese entonces monseñor de La Plata, Antonio Plaza), por lo que se había trasladado a la casa de una amiga junto a sus dos hijos Rafael (4 años) y Gervasio (3). Ella trabajaba en el barrio El Gato realizando promoción comunitaria y formación de la conciencia política. “Aparecen dos autos y se vienen encima, lo último que veo son las baldosas de la vereda”, recordó sobre el dramático día.
“Ese mismo día, me llevan a una comisaría, calculo que es la comisaría quinta (La Plata), y me dicen que me va a pasar lo mismo que a mi marido Guillermo (Eduardo Díaz Nieto, secuestrado en Tucumán el 8 de febrero de 1975), que está desaparecido desde el año 75”, señaló, y luego fue trasladada a Arana, donde estuvo una semana. “Lo primero que hacen es hacerme ver la tortura de un compañero (Mario Salerno); me ataron de pies y manos atrás, con capucha aparte de la benda, y me llevaron a la celda. Al otro día me llevan a torturar y me aplican picana en distintas partes del cuerpo”, detalló.
El siguiente centro de detención fue El Vesubio, donde estuvo poco más de 20 días. “Recuerdo que la sala de tortura estaba conectada por un pasillo donde había una guardia muy violenta, uno de ellos admitía llevar a un niño de 10 años a ver el campo de concentración y desde afuera veían torturar”, señaló. “Me vuelven a pasar por la picana y a recurrir a métodos como entrar a cualquier hora a la celda de los varones y golpearlos. Estuvimos 22 días sin comer, esto lo digo porque aparte de ser un campo de tortura era de exterminio. Nos dieron una sola vez pan, nos daban agua y nos sacaban al patio. Recuerdo también que quema de libros que hicieron”, apuntó. “No sólo era la tortura sino también esta afrenta a la dignidad de la persona”, lamentó, tras relatar que el único baño que recibieron fue en el patio y a manguerazos.
En octubre fue trasladada al centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”, al que ella prefiere mencionar como la Brigada de Investigaciones de Lanús para que quede clara la responsabilidad de la Policía. “Éramos seis, nos meten en una celda cerrada y sólo entrábamos parados. Veníamos de 20 días sin comer y casi no podíamos estar parados, entonces nos turnábamos, dos se acostaban y los otros se paraban. Tampoco nos dieron de comer ni nos sacaron a ningún lado”, explicó ante el TOF y las partes. Según comentó, estuvo cinco o seis días allí, hasta que un día se la llevaron junto a Salerno a un descampado y la subieron a un avión. “Supongo que era Campo de Mayo. Estuvimos un tiempo esperando, no se qué, y de repente alguien me pone una pastilla en la boca. Salerno reconoce la voz y le dice que es quien lo había señalado”, mencionó, al tiempo que precisó que el destino era Córdoba.
“El traslado a La Perla prueba la coordinación y sistematización que han hecho en todo este diseño represivo. Paso a ser una secuestrada de la Policía a manos del Tercer Cuerpo de Ejército. Me hacen un interrogatorio formal y me meten en una cuadra, que estaba llena de gente en colchonetas. Ahí estuve dos días, al tercero me llevan a la tortura feroz”, recordó la sobreviviente, quien mencionó que un día los sacaron a todos afuera y ahí le avisaron que la iban a legalizar. Fue entonces cuando le empezaron a dar de comer y a curarle las heridas. “A fines de noviembre, nos meten a un grupo en el camión y nos llevan a la prisión militar, me hicieron un interrogatorio de datos personales, me metieron en una celda con ventana y me permitieron sacarme la venda”, relató en lo que era la antesala de su paso por la penitenciaría de Córdoba, donde le hicieron un control de salud.
Sin embargo, ella no apareció en una lista de presos legales hasta el 12 de abril, día en que aparece el decreto PEN en el diario La Nación. “Mis padres se van a Córdoba, junto con mi suegro y pretenden verme, pero no había visitas, contacto ni cartas. Me dejaron ropa y artículos de higiene y me llaman días después a la parte legal de la penitenciaría donde me muestran una foto de mis hijos en Catamarca y una carta de mi madre, que me la leen pero no me dejan tocar. Yo estoy sin saber de los chicos desde el 5 de octubre hasta abril”, dijo. El 28 de noviembre fue trasladada en un Hércules a Buenos Aires, donde quedó detenida en Devoto. “Somos una familia diezmada por la represión, a mis hijos los vi recién en febrero de 1978”, advirtió sobre el final de su relato.
Gervasio Díaz, el hijo de Haydeé y Guillermo Díaz, fue el segundo testimonio y remarcó: El objetivo es “dejar absolutamente claro y que quede constancia de lo que implicó y las responsabilidades del Estado argentino de lo que fue el secuestro y la desaparición tanto de mi madre como de mi padre, hablo del Estado en democracia, en la ditadura genocida y el Estado de después”. “Quiero dejar en claro quiénes, cómo y cuándo fueron las personas que nos ayudaron a sobrellevar todo esto a partir del secuestro de mi padre en el año 75”, apuntó.
“Nuestra familia es un claro ejemplo de que la dictadura no empezó el 24 de marzo de 1976, el 8 de febrero de 1975 intentábamos iniciar una nueva etapa de nuestra vida en Tucumán porque habíamos tenido (los padres) intentos de secuestros que nos obligaron a dejar La Plata. Mi papá se fue a fines del 74 y nosotros cuatro o cinco días antes de la desaparición llegamos a Tucumán previo a un descanso de verano en Catamarca. Mi papá fue secuestrado con dos compañeros en Tucumán (Pedro Medina y José Loto). Los tres, al día de la fecha figuran como detenidos desaparecidos, son los primeros casos de la desaparición forzada y permamente. Ahí empezó el calvario de lo que fue el tormento de la desaparición, la tortura y el genocidio que llevaron adelante estos genocidas que siguen, después de tantos años, gozando de algunos privilegios”, reflexionó.
Al no poder encontrase con el padre, volvieron a La Plata. Su abuelo fue a visitarlos pero como no estaban en la casa, se fue a tomar un café con un amigo, mencionó en coincidencia con el testimonio de su madre. “Ya entrada en la dictadura fue el segundo secuestro en mi familia, un golpe durísimo”, explicó. Luego de varios días de tortura fue arrojado en Punta Lara. “Hizo mención a muchos niños, menores de 18 años, en los lugares de tortura. Entendemos que estuvo con los chicos de La Noche de los Lápices. Quedó muy mal de salud y poteriormente falleció de un paro cardíaco”, amplió.
“Al mes, el 5 de octubre es secuestrada mi mamá en La Plata. Estábamos temporalmente viviendo en otro lugar, mi mamá decide mudarse con unas amigas y el 5 de octubre sale a tener un encuentro con mi abuela. No supimos nada hasta que años después fue legalizada y la pudimos ver cuando fuimos a Devoto”, señaló Gervasio, quien junto a su hermano estuvo un mes sin saber dónde estaba, al día de hoy, hasta que fueron entregados a un tío abuelo materno. “Intuímos que la compañera y amiga (Liliana Violini) que quedó en la casa con nosotros pudo habernos protegido. Siempre pienso que fue así”, explicó.
Los padres de Haydeé continuaban sufriendo allanamientos, motivo por el que deciden enviarlos a Catamarca, para que queden al cuidado de los padres de Guillermo. Estuvieron más de una año allí hasta que aparecen “los primeros recuerdos de ese paso traumático”, mencionó. “Recuerdo los allanamientos en la casa materna, las sirenas, el temor que implicaba todo el tiempo”, explicó. “En el 77 nos cuentan que mi mamá había vuelto, como para ponerle un nombre y dimensionar cómo se le cuenta a niño de 4 o 5 años que después de dos años su mamá volvió, y empieza una nueva etapa, que significa estar pendiende de en qué momento nos podíamos volver a ver con mi mamá”, señaló en la continuidad del testimonio.
“Mi abuelo le contaba a una madre que estuvo meses y meses pensado que había pasado con sus hijos, la cotidianeidad. Pudo saber, a través de una foto que entrega mi abuelo paterno, que estábamos bien, sanos y con la familia (en Catamarca). La tortura no fue solamente física, fue simbólica, psicológica. No sólo para los que estaban secuestrados, como mi mamá, sino para todos los demás”, advirtió. “Cuando apareció mi vieja, no desapareció la tortura”, dejó en claro. Es que decidieron que los dos chiquitos regresaran a La Plata, con la familia materna y una vez finalizado el año escolar, para poder visitar a su madre en la cárcel de Devoto. “Siento que fuimos nosotros parte de esta tortura que tenían prevista y diseñada los genocidas para con nuestros padres, no solamente era para ellos, también era para nosotros”, lamentó.
Hizo hincapié en lo que significaba para ellos ir a la cárcel, “una de las cosas más aterradoras”, tal como lo definió en el juicio. Mencionó, en ese sentido, “la requisa, el maltrato, el miedo de entrar y no salir”. “También nos sometieron a la imposibilidad de contacto, nunca le pude dar la mano, no la pude abrazar, las visitas eran a través de un virdrio y un teléfono”, recordó. Luego y frente al “mal comportamiento de los hermanos”, los obligaron a ir por separado asique las visitas quincenales pasaron a ser mensueles. “Mi vieja fue liberada en los primeros meses de 1978 y recién ahí pudimos tener un reencuentro familiar, contacto con mi mamá y ya con todo lo que veníamos arrastrando del secuestro de mi papá”, explicó.
“La vuelta de mi mamá no significaba el fin del calvario, a mi vieja le dijeron que se salvó de esta pero de la próxima no y eso implicó que nos tuviéramos que ir de La Plata, reconstruir la vida familiar ya con la ausencia de mi papá. Fuimos a Catamarca pero mi vieja no pudo conseguir trabajo y en el 79 recaemos en la ciudad de Cipoletti porque hay una hermana de mi mamá acá”, relató, en lo que definió como “exilio interno”. Haydeé consiguió dos trabajos, uno en la Municipalidad y otro en una escuela. Poco después, fue obligada a renunciar en el Municipio y la presión recayó también en la escuela. “El director de la escuela, que poco la conocía, decidió que no la iba a echar, no le iba a hacer un sumario e iba a aguantar hasta donde pudiera. El estado no vino a darnos una mano, seguía persiguiendo, apretando, el Estado nos seguía sometiendo”, alertó.
Recordó, entonces, a los vecinos que se solidarizaron con ellos y acudían al mediodía para calentarles la comida o ver que estuvieran bien, ya que su madre estaba todo el día trabajando. “El Estado seguía somtiéndonos a la injuria y poder contar esto es importante porque no da cuenta del momento del secuestro, desaparición o tortura, da cuenta de la tortura psíquica que sufrimos durante y posterior a la dictadura”, señaló. Y puso como ejemplo las actividades que se solicitaban por el Día del Padre y el silencio, ya que no decían lo que realmente había sucedido por lo que el mensaje era que sus padres estaban separados. Su hermano lo hizo y una compañera le espetó que no era cierto sino que era hijo de un desaparecido. “Sabían quienes éramos, porqué estábamos ahí y cuando podían, nos hacían saber que teníamos que vivir el escarnio por haber sido parte de una familia que sufrió las consecuancias de la dictadura”, planteó.
“Nosotros entramos en las instituciones públicas con el ´no te metás´, ´no preguntés´ y ´algo habrán hecho´. Nunca pude hablar en la escuela primaria, tampoco en la secundaria. El primer acto homenaje que se hace en la escuela a la que yo fui fue en el año 2003. Nunca un 24 de marzo hubo una mención, reflexión o acercamiento”, precisó, pero remarcó que las herramientas como “la solidardad” las conoció con las movilizaciones. “Conocí el valor de la movilización y la manifestación para defender nuestros derechos, fue mi primera experiencia de salir a la calle para que esto no vuelva a ocurrir. Más adelante pudimos empezar a decir quiénes somos, hijos de quiénes éramos. Mi mamá, permanentemente y como pudo, siempre nos dijo la verdad. Siempre supe que mi papá había sido secuestrado y desaparecido y que mi mamá había estado detenida por la dictadura militar. Esa base de verdad fueron las bases que me consolidaron para llegar al momento en el que estoy”, amplió.
“Despues de tantos años, lamento decirles que no participo de este juicio para pedir justicia. Los momentos de justicia fueron los momentos de movilizacion, de justicia popular, de escraches públicos, encontrarlos y gritarles a la cara que son unos asesinos. Esos son los únicos momentos de Justicia que nos han acompañado. Quiero poder reivindicar a quienes con poco o mucho y jugándosela completo, nos permitieron llegar a este juicio y contar lo que nos pasó y lo que nos pasa. La posibilidad de poder tener a mi vieja viva, consciente, clara y sin dar ni un paso atrás, me permitió estar donde estoy y poder decir que desaparecieron a mi viejo, torturaron a mi vieja pero no pudieron cambiar la conciencia de todos nosotros”, advirtió. “Se llevaron los cuerpos de nuestros padres, pero no se pudieron llevar la conciencia. Vengo a dejar claro que lo que ellos llevaron adelante finalmente no lo pudieron cumplir porque nosotros estamos acá para contar quiénes son nuestros padres, por qué les pasó y qué les pasó”, sentenció.
El tercer testimonio fue el de Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, secuestrada con cuatro meses de embarazo. “Yo tenía 20 años cuando fui detenido, en febrero de 1976, y estando en la cárcel me entero de la desaparición de mi hermana”, contó. Fue secuestrada junto a su esposo, Horacio Olmedo. De acuerdo a la información que le llegó a la familia a través de cartas, estaba embarazada y ese bebé debía nacer en febrero o marzo de 1977.
“No dejo de tener esperanza que mi hermana haya podido tener a su bebé y que ese chico, que hoy debe tener 44 años, un día aparezca. Tenemos fe de que ese chico, hoy adulto y casado, se pueda contactar”, manifestó.
Respecto a los años de plomo, recordó que “fue una época de persecución, no se podía hablar de manera franca y decir la verdad”. “Eran estudiantes que tenían sus ideas, su forma de ver la realidad, un idealismo sano, pensaban que sus acciones podían transformar el mundo, ayudar a la gente, pero hubo un plan bien organizado y se bajaron líneas represivas a todo el cono sur”, lamentó, al tiempo que precisó que la historia deja en claro “quiénes son los malos y quiénes son los buenos”. “Quedamos todos desmembrados”, admitió el hombre que estuvo detenido por ocho años.
“Los familiares que quedamos tenemos la esperanza de que se sepa la verdad. Verdad y Justicia. Es la única manera de tener el corazón un poco más tranquilo. Es muy importante que se haga justicia por la democracia y la Constitución”, reclamó Hugo ante el TO1 de La Plata. “Para poder preservar nuestros valores de tradición democrática, más allá de que haya dejado mucho que desear y no percibo que haya una verdadera democracia en este país y menos en este contexto que estamos viviendo, debemos esclarecer los hechos sucedidos”, planteó.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.
El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.
La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.
El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.
La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.
Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez, fueron los tres testigos de la audiencia 30. El pedido de una ley que prohíba el negacionismo, en palabras de la nieta restituida, fue el cierre de la audiencia. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.
“No tener información certera, te carcome pero la única forma de poder sobrellevar esto es seguir buscando”, aseguró Miguel Santucho, quien busca a un hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su madre Cristina Silvia Navajas. También fueron parte de la audiencia 31 María Marta Coley, hija de Manuel Coley Robles, y Clara Fund, hermana de Juan Carlos Fund.
En la audiencia 32 declararon Fabio Acuña, quien era miembro de la Prefectura Naval Argentina cuando fue secuestrados, y Filemón Acuña, quien se desempeñaba en Peugeot al momento de su detención. Ambos dieron cuenta de su paso pos distintos centros clandestinos de detención del sur del Conurbano, entre otros, y su estadía en distintos penales, ya como presos políticos.
En la jornada 33 se escucharon los testimonios del nieto restituido Esteban Badell Acosta, quien dió detalles del secuestro de sus padres (María Eliana Acosta Velasco y Esteban Benito Badell) y la entrega (junto a su hermana) a un tío político, y el sovreviviente Miguel Hernández.
El juicio pasó a un cuarto intermedio por la feria judicial de invierno y se reanudó el 3 de agosto, con la declaración de Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto; Ramiro Poce, hijo de Ricardo y sobrino de Julio Gerardo Poce; y María Ofelia Santucho, sobreviviente al genocidio y sobrina de Roberto Santucho. El reclamo de los restos mortales de los militantes fue el común denominador. El “qué hubiera pasado/sido”, también fue central en la declaración de las mujeres.
En la audiencia 35 declararon Haydeé Lampugnani, quien estuvo detenida en El Infierno, entre otros centros clandestinos, y su hijo Gervasio Díaz. “Somos una familia diezmada por la represión”, advirtió ella. El tercer testimonio fue el de Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, secuestrada con cuatro meses de embarazo. Aún espera poder conocer a su sobrino o sobrina, que debió nacer en febrero o marzo de 1977.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
